Los progenitores afirman que toman la decisión «por los informes médicos» y anuncian que han denunciado en Fiscalía «la discriminación sufrida»
“Lo más importante aquí es la salud y el bienestar de la niña, por lo que los padres han decidido que, siguiendo las indicaciones de los informes médicos, elaborados por psiquiatras y psicólogos, su hija no volverá a acudir a clases en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral, por ser un entorno hostil para atender sus necesidades educativas especiales, y buscarán otro centro”. Con estas palabras ha anunciado esta tarde el portavoz de la familia López-Reduello, Francisco Arjona, la decisión adoptada por los progenitores de la niña de nueve años con discapacidad, diagnosticada de un trastorno de espectro autista, después de que la pasada semana los padres de sus 20 compañeros de clase decidieran no llevar a sus hijos a clase durante tres días consecutivos en protesta por las supuestas conductas agresivas e insultantes que la menor protagonizaría «a diario» en el aula de cuarto de Primaria en la que está escolarizada.
“La decisión ya ha sido comunicada al centro y a la Delegación de Educación. No volverá a ir a ese centro y ya estamos buscándole otro”, ha añadio Francisco Arjona en una comparecencia celebrada en la capital malagueña, en la que ha estado acompañado del abogado de la familia, Jesús Marín, y de las portavoces de las asociaciones Solcom y Viandalucía, Mariola Rueda y Carmen Morales, respectivamente. El portavoz del matrimonio ha sido el que ha hablado en todo momento, porque “ellos no tienen ni fuerzas paras hacerlo del dolor que están pasando por esta difícil situación”, ha matizado.
Además de anunciar que no volverán a llevar más a su hija al colegio público donde ha estado matriculada desde los tres años, los López-Reduello no están dispuestos a que los últimos acontecimientos queden en el olvido, por lo que han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Málaga todo lo ocurrido. Así, consideran que la niña “ha sido discriminada, excluida y segregada”, y que “se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales, como el honor, la libre expresión y la protección de datos, entre otros”. “Esperamos que se depuren responsabilidades, porque la situación es muy grave”, ha asegurado el letrado de la familia.
Por su parte, Arjona ha recordado que los padres llevan reclamando más recursos de atención al alumnado con necesidades educativas especiales desde hace cinco años, “sin obtener respuesta”, ha matizado. “Sólo cuando la Delegación supo que íbamos a denunciar la situación en el juzgado y que los padres de los demás niños habían ido varias veces al Edificio Negro, cuando se dignaron a mandar a una monitora las 25 horas para la niña, pero sin la preparación suficiente en autismo, sólo como medida de contención de la pequeña, no de intervención”, ha apostillado.
El portavoz ha asegurado que las carencias de recursos para atender al alumnado con discapacidad en la zona de Rincón de la Victoria “son conocidas por la Junta desde hace varios años”. Por su parte, la portavoz de Solcom ha asegurado: “Si esta situación se diera con cualquier otro niño que no tuviera discapacidad se hablaría de ‘bullying’, mientras que aquí se la acusa a ella de acosar a todo el grupo”. Carmen Morales, de Viandalucía, ha considerado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por España en 2008 “y no se está cumpliendo, a pesar de ser de obligatorio”.
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