El Defensor del Pueblo asegura que la demora en la tramitación de las solicitudes es «alarmante»
P. ALBEROLA/AGENCIAS 28.02.2015 | 09:30
La Conselleria de Bienestar Social asegura que la falta de dinero le impide el reconocimiento de las prestaciones contempladas dentro de la Ley de la Dependencia. Así se recoge en el último informe elaborado por el Defensor del Pueblo.
Soledad Becerril señala que la demora en la tramitación de los procedimientos de solicitudes y de recursos de alzada es «especialmente alarmante» en la Comunidad, lo que ha motivado que durante el 2014 esta institución se haya dirigido a la Conselleria de Bienestar Social «formulando en varias ocasiones recordatorios» sobre el deber de resolver las solicitudes en forma y plazo. El departamento que dirige asunción Sánchez Zaplana ha mostrado su imposibilidad de cumplir este requerimiento «por la falta de crédito».
El Defensor del Pueblo también constata en su informe retrasos de la conselleria «en notificar resoluciones de reconocimiento a los herederos de periodos retroactivos reconocidos». El estudio de Soledad Becerril alerta también de que se han incrementado «de forma notable» las aportaciones que realizan los usuarios de centros de día y residencias, tanto los atendidos desde el sistema de servicios sociales, como los atendidos desde el Sistema de Atención a la Dependencia.
Soledad Becerril señala que en la Comunidad han sido «numerosas» las quejas por los incrementos de la aportación económica, que ha supuesto para los usuarios de centros de día y residencias la aprobación del Decreto 113/2013, de 2 de agosto, por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales.
Asimismo, se refiere a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló el decreto del Consell sobre precios del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados, al estimar el recurso presentado por el Comité Ejecutivo del Cermi-CV contra el Decreto 113/013 de 2 de agosto del Gobierno valenciano. No obstante, esta sentencia no es firme, por haber sido recurrida en casación por la Generalitat, de modo que «se siguen cobrando las cuantías fijadas en enero de 2014». Por ello, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación, orientada a que se dejen sin efecto las liquidaciones practicadas sobre las que se harán las consideraciones pertinentes en el próximo informe.
La consellera portavoz, María José Catalá, defendió ayer el «esfuerzo» de la Generalitat en la presente legislatura en materia de dependencia frente a los reproches de la defensora del Pueblo. Catalá explicó que en 2012 y 2013 la Comunidad se situó «ligeramente por encima de la media española en gasto por beneficiario».
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