´Me dijeron que mi hijo tenía una mejoría y no sabe ni comer solo´

María del Carmen relata cómo Bienestar Social le quitó a Alejandro la prestación por dependencia «sin justificación» y pese a que su estado empeoró

08.05.2014 | 01:39

María del Carmen y su hijo Alejandro. Rafa Arjones

SERGI PITARCH | VALENCIA Alejandro tiene cinco años y no habla ni sabe comer solo. Al pequeño tuvieron que trasplantarle el hígado y la medicación que toma para superar la operación le provoca numerosos efectos secundarios. «Prácticamente no va al colegio y cada dos por tres tenemos que viajar a Madrid para el seguimiento del trasplante», relata su madre, María del Carmen Fajardo, quien como contó ayer este periódico ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano revoque la decisión de la Conselleria de Bienestar Social de quitarle la prestación por dependencia de 337,35 euros al mes.

«Me tuve que dejar de trabajar para cuidar de mi hijo porque no puede ir de manera normal al colegio, no habla y ni sabe comer solo», explica María del Carmen, vecina de El Campello (l´Alacantí) que tuvo que recurrir a la justicia gratuita para tener un abogada que le asesorase ante «una gran injusticia». «La Conselleria nos mandó una carta en la que aseguraba que Alejandro había tenido una leve mejoría y por lo tanto le reducían el grado de dependencia de grado dos y nivel dos a uno», apunta. «Nos retiraron la prestación cuando no hacía ni tres meses que la teníamos que haber cobrado», lamenta la mujer.

Pero no solo la madre de Alejandro apreció el empeoramiento de su hijo, sino que tres jueces del TSJ avalaron esta situación. «No se comprende cómo ha podido valorarse la dependencia tres años después como mejoría, cuando es evidente y así consta en los tres expedientes obrantes en autos que la situación del menor no solo no había mejorado, sino que había empeorado», sentencian los magistrados. Y rematan, dejando en evidencia la actuación de la conselleria: «La actuación de la administración no es conforme a derecho al modificar el grado y el nivel sin prueba alguna que lo justificara». Ahora, la Generalitat deberá abonar a esta madre 4.725 euros de las mensualidades no pagadas y reactivarle la prestación de 337,35 euros al mes que nunca debía haberle retirado por su minusvalía del 33 %.

Pero pese a la sentencia, recuperar el derecho tampoco parece que vaya a ser fácil. Como explica la madre de Alejandro, pese a que el fallo es del 30 de enero y que en abril la Conselleria le reconoció el pago a través de una resolución «todavía no hemos percibido ni un euro». «Nos conformamos con que la justicia nos haya dado la razón, pero la realidad es que con los 300 euros no tenemos para los medicamentos y los desplazamientos a Madrid. Además, el otro día Alejandro tuvo una taquicardia y le ha salido un soplo en el corazón. El pobre no puede ni salir al parque porque puede coger una infección», afirma.

María del Carmen relata lo complicado que ha sido «hacer justicia» y la resistencia de la conselleria a hacer caso a los dependientes, que se tienen que ir por vía judicial con el correspondiente gasto en abogados, procurador y tasas judiciales. La mayoría renuncia a pelear, según han venido denunciando las organizaciones de dependientes que ven la judicialización de estos casos como una manera de frenar las reclamaciones y evitar el pago de las prestaciones.
Francisco Mariano Pardo, el otro dependiente que ha ganado a la conselleria tras rebajarle la dependencia más de 40 puntos tampoco se vio resarcido con el fallo judicial y tuvo que pedir una ejecución de sentencia. El hombre, que vive a caballo entre la Vilajoisa y un pueblo de Valencia, según explicó su abogado, va en silla de ruedas y prácticamente no interactúa. La minusvalía de Francisco Mariano es del 96 % y su rebaja fue también «injustificada».