El Consell bloquea la prestación a 10.000 dependientes desde 2011

La sección 5ª de lo contencioso del TSJ tiene casos sin resolver desde 2012 y la sección 4ª falla en uno

11.05.2014 | 01:25

SERGI PITARCH | VALENCIA Los dependientes valencianos y sus familiares no tienen suficiente con afrontar su durísimo día a día que también deben luchar contra una administración que bloquea y frena la resolución de sus expedientes y un Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se ve desbordado por los abundantes casos que debe juzgar ante las negativas y demoras del Consell. Así, según el Imserso, desde marzo de 2011 la Conselleria de Bienestar Social mantiene retenidas 10.000 resoluciones del Programa Individual de Atención de otras tantas personas.
Estos retrasos de la administración se multiplican si el dependiente y sus familiares no están de acuerdo con la resolución y tienen que acudir a la justicia, donde en algunos casos, la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ tarda más de dos años en fallar, según fuentes jurídicas.
Al contrario que el Consell, este tribunal se ha reforzado con un magistrado desde el 1 de enero de 2014 aunque el propio TSJ retiró las competenc

Aunque el dato no es nuevo, estas 10.000 personas están viendo cómo no pueden acceder a ninguna prestación desde marzo de 2011 pese a que la Generalitat ya les ha reconocido que son dependientes. Sólo les falta la aprobación del PIA, que concreta la pensión o el centro público al que deberá a acudir el usuario. Muchos de estos ciudadanos fallecerán sin cobrar ni un euro o cargando sobre sus familias los últimos días de sus vidas.
Por ello, desde la patronal de las residencias Aerte han propuesto a la Conselleria de Bienestar Social la posibilidad de tramitar los expedientes de la persona dependiente hasta su llegada a la Generalitat. Se trata de realizar el trámite que están haciendo ahora los trabajadores sociales de los ayuntamientos como pasa en Cataluña. « Les proponemos que nos introduzcan en el sistema como ya lo estamos en la Sanidad para la prescripción de medicamentos», explicó María José Mira, directora general de Aerte.

Por su parte, las 14 federaciones integradas en el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV) han presentado alegaciones a las modificaciones propuestas desde la Conselleria de Bienestar Social a las normativas referentes al copago en servicios de atención a la discapacidad. Las principales alegaciones a la Orden 21/2012 y el Decreto 113/2013 se refieren, entre otras, a que el copago de los usuarios no exceda el 70 % del coste del servicio, ya que en la actualidad «puede llegar hasta el 90 por ciento», lo que consideran un «coste inasumible».ias a la sección cuarta, que estaba fallando en un tiempo menor a un año y en la mayoría de ocasiones dando la razón a las tesis defendidas por los dependientes.