La financiación básica de la ley, el nivel mínimo, retrocedió un 14% en un año
JAIME PRATS Valencia 3 MAR 2014 - 20:42 CET1
Cuando los trabajadores de servicios sociales hablan del desmantelamiento del sistema de dependencia y del retroceso que sufre la ley se refieren a cuestiones como la reducción de la principal partida a través de la cual el Estado destina fondos a las comunidades autónomas, que en 2013 ha caído casi en 200 millones (un 14%) respecto al año anterior.
Esta vía de financiación —denominada nivel mínimo— consiste en el dinero que la Administración General del Estado destina a las comunidades por cada dependiente atendido en función de su gravedad. Mientras en el año 2012 se liquidaron por este concepto 1.405 millones de euros, en 2013 la cifra ha retrocedido hasta los 1.206 millones, como refleja el propio Ministerio de Sanidad y Política Social en un documento que recoge el cierre del ejercicio pasado.
La reducción del nivel mínimo tiene mucho que ver con el tijeretazo que se dio a la dependencia con el decreto de julio de 2012. Entonces se rebajaron las cuantías a pagar por cada dependiente. Pero hay otros motivos que explican la reducción de estos fondos, como explica Luis Barriga, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. No solo se paga menos por beneficiario, sino que no entran los dependientes más graves al mismo ritmo que causan baja otros (desde junio de 2011 hasta diciembre de 2013, el sistema perdió 2.200 al mes). Y a menos grandes dependientes, menor aportación.
Entre las autonomías que más han acusado la caída están Andalucía (73 millones menos, -21%), Aragón (-15 millones, -37%) o la Comunidad Valenciana (-21 millones, -26%), según un estudio de CC OO en el que ha comparado datos de 2013 y 2012.
Los fondos del nivel mínimo son la herramienta de financiación estatal más directa dirigida a colaborar con el gasto que las autonomías destinan a la dependencia. Hasta el año 2011 existía otro instrumento mediante el cual el Gobierno también asistía financieramente a las comunidades. Se trataba del llamado nivel acordado, que ascendía a 282 millones de euros. Esta partida fue una de las primeras víctimas que se cobró la política de recortes en dependencia. Luego llegaron el aumento de los copagos, las incompatibilidades entre prestaciones, la reducción de las ayudas económicas o los retrasos en el pago.
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