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La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado nuevamente que "la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales dirigida por el Sr. Echániz ha dictado por escrito una resolución de prestación contraria a derecho" y que "vulnera en un mismo acto administrativo nueve normativas".
El asunto es que "ha resuelto una prestaciòn vinculada a la prevención de la situación de dependencia" a un niño de 13 años, que ya denunciamos en días pasados " 26 días antes de resolver y comunicar oficialmente que la propia Consejería le ha reconocido el grado máximo de dependencia", es decir, el de gran dependiente, asegura la Plataforma.
Ello supone que queda sin derecho a prestación económica y que su familia debe abonar los gastos de su tratamiento y luego pasar las facturas a la administración, a pesar de tener reconocido su grado de dependencia III que sí da derecho a prestación económica.
El niño es Leonel, de 13 años, afectado de parálisis cerebral, con un sólo pulmón y el otro delicado por la grave escoliosis que padece, además de anemia constante, que no puede hablar ni comunicarse, no controla esfínteres, tiene que ser transfundido de forma habitual y alimentado mediante botón gástrico, y cuya familia debe abonar con antelación el gasto que suponen sus cuidados.
Un bebé gigante, como denunciaba su madre Yulisa a El Porvenir, que "necesita cuidados las 24 horas, fisio tres veces al día, dormir alguien siempre con él para evitar que se ahogue, que debe llevar oxígeno permanentemente, así como pañales, y que cada dos por tres estamos de médicos o en el hospital". "Y por eso no entiendo que me hagan estar hasta el cuello pidiendo, preparando, ordenando y mandando facturas a la asistenta social en vez de haberme concedido la prestación económica como solicité y al cual mi hijo tiene derecho", se lamentaba la madre.
Resolución sangrante
En nota informativa, la Plataforma asegura que nuevamente "se ha incumplido la legislación que el propio Ejecutivo de Cospedal promulgó en Mayo de 2013, concretamente los artículos 13.1 y 14.1 del Decreto 26/2013 en los que se establece que el Programa de Atención Individualizada que corresponda se elaborará una vez se haya resuelto y comunicado al interesado la resolución de su grado de dependencia".
En el caso de este niño el Gobierno de Cospedal resuelve su prestación, "ya sangrante e inhumana como venimos denunciando, 26 días antes de resolver su grado dependencia". "La resolución de la prestación tiene fecha de 3 de Enero de 2014, pero sin embargo el reconocimiento de su grado III de dependencia tiene fecha de 29 de Enero y todo ello en resolución oficial de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales con fecha de salida 30 de enero y número 73223", precisa el portavoz de la Plataforma José Luis Gómez Ocaña en su comunicado.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha elaborado y puesto a disposición de la madre del niño un recurso de alzada y subsidiariamente un recurso de nulidad, "al amparo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se ha registrado en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales dirigido de forma explícita a su Consejero D. José Ignacio Echániz Salgado".
Vulneración de nueve normativas
Asímismo, la Plataforma acusa al Gobierno de Cospedal de vulnerar, "en un mismo acto administrativo, nueve normativas": los artículos 13.1 y 14.1 del Decreto 26/2013 del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia así como los derechos constitucionales previstos en los artículos 10, 14, 15, 43 y 49 de la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, conocida como Ley de Dependencia.
Además, señala la Plataforma incurre en los vicios de nulidad previstos en el art. 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus apartados a) y b)
"Con esto se demuestra, -asegura la Plataforma-, la verdadera intención del Ejecutivo de Cospedal en relación a los derechos de las personas en situación de dependencia , que no duda en incumplir la legislación vigente con tal de despojar a este colectivo de las prestaciones que por ley les corresponde".
La Plataforma, manifiesta también que "ponemos a disposición del Presidente de Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, Cermi-Castilla-La Mancha,y a su presidente, D. Luis Perales, la documentación de este expediente y de muchos más de los que disponemos, para invitarle a sumarse a la defensa de todo este colectivo".
Concluye el comunicado de la Plataforma mostrando su "apoyo" a la iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha para desarrollar una Ley que garantice los derechos de las personas discapacitadas, siempre y cuando se haga con la participación de todos los colectivos, incluído el de los dependientes a los que representamos y pr supuesto que se cumpla con la legislación que en materia de Deendencia existe y que el propio Ejecutivo ha promulgado.
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