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Una de las movilizaciones en la región contra los recortes en dependencia.
El Tribunal de Cuentas, en un informe preliminar sobre la gestión autonómica de la Ley de Dependencia entre 2007 y 2011, pone en evidencia la falta de rigor del Gobierno de Cospedal cuando acusó hace un año al anterior Ejecutivo socialista de haber destinado 15 millones de euros para pagar a 1.000 dependientes ya fallecidos.
Este informe, pendiente de alegaciones, ha fiscalizado el proceso de regularización de los expedientes de fallecidos, duplicados o con errores detectados en un documento anterior del propio Tribunal de Cuentas y cuyo contenido, en su momento, sirvió al Gobierno de Cospedal para acusar al entonces Ejecutivo del PSOE de permitir o facilitar la "picaresca" con los fallecidos en el cobro de la dependencia.
Según declaraciones públicas del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, y de su director general de Dependencia, Juan José García Ferrer, en esa situación había un millar de casos que permanecían en el listado de dependientes antes de llegar el PP al poder en mayo de 2011.
Supuesta "picaresca" que puso también en una situación muy incómoda ante la opinión pública a las personas que recibían las ayudas de la dependencia y a profesionales de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales encargados de valorar el grado de dependencia, al ponerse en tela de juicio por parte del Gobierno regional la veracidad de muchos expedientes, en base a un informe preliminar que en ningún momento hicieron público.
Una vez revisado ese informe por el Tribunal de Cuentas, se constata que en Castilla-La Mancha en ningún momento se pagaron 15 millones de euros a dependientes fallecidos entre 2007 y 2011.
Una cantidad que se hubiera tenido que reintegrar la Junta al Gobierno de España, a través del Imserso, si hubiera sido cierta esa mala gestión del anterior Ejecutivo socialista.
De 15 millones a 35.000 euros
La propia Consejería de Sanidad, en una nota de prensa, admite que no ha se ha reintegrado tal cantidad al Estado sino solo 35.931 euros por abonos indebidos de expedientes erróneos, aunque reitera que en el informe preliminar del Tribunal de Cuentas se reconocen 478 expedientes de dependientes fallecidos durante la etapa socialista.
En realidad, es el propio Gobierno nacional el que deberá abonar al castellano-manchego, presidido ahora por Cospedal, 1,2 millones de euros por las cantidades que se dejaron de pagar en aquellos expedientes que se habían paralizado porque en el anterior informe se había indicado que sus beneficiarios estaban fallecidos, pero que tras las comprobaciones oportunas (fe de vida, certificado del responsable del centro residencial o de la persona valoradora) se comprobó que estaban vivos.
También, porque en ese proceso de regularización se determinó que el expediente en suspenso no estaba duplicado o no contenía ningún dato erróneo, como había señalado el Tribunal de Cuentas.
Además de Castilla-La Mancha, solo Andalucía y Canarias recibirán dinero del Estado por esos mismos motivos.
El resto, tendrán que devolver al Imserso 39 millones de euros por cobros indebidos de dependientes fallecidos o de expedientes duplicados o erróneos debido a la mala gestión de las comunidades autónomas, según el órgano fiscalizador.
De esos 39 millones que recuperará el Gobierno central, 8,4 millones corresponden a la comunidad de Madrid, donde han hecho carrera política como consejeros del Gobierno de Aguirre tanto María Dolores Cospedal como José Ignacio Echániz.
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