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La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-la Mancha ha vuelto a denunciar, una vez más, el estrangulamiento de esta norma por el Gobierno de Cospedal, que repercute de manera directa y muy negativa en la situación de todos sus beneficiarios.
Con los últimos datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a 28 de febrero de 2014, la Plataforma critica que todos los indicadores de la Ley en Castilla-la Mancha son negativos con respecto al mes anterior.
"591 solicitudes menos; 456 dictámenes menos; 524 personas han perdido el derecho; 318 beneficiarios menos en el sistema;
409 prestaciones y servicios menos; 21 altas menos en la seguridad social; 94 teleasistencias menos o 60 servicios de ayuda a domicilio menos", se indica en el comunicado.
409 prestaciones y servicios menos; 21 altas menos en la seguridad social; 94 teleasistencias menos o 60 servicios de ayuda a domicilio menos", se indica en el comunicado.
"Pero lo más sangrante es que el Gobierno de Cospedal sigue manteniendo una implacable caza del cuidador familiar, ya que en este mes han batido su propio "récord", pues 379 personas han perdido su prestación económica".
Según la Plataforma, si este Ejecutivo tiene una media en el último año de 9 prestaciones económicas menos al día, como ha adelantado El Porvenir, en este mes se han elevado a casi 14 la retirada de estas ayudas al día, "con un acumulado desde junio de 2011 de 6.525 dependientes a los que se les ha arrebatado dicho derecho".
Esta entidad recuerda, además, que a todos estos datos oficiales publicados por el Imserso, hay que añadir el desmentido que el Tribunal de Cuentas ofrece sobre el "fraude" y la "picaresca" con la que "se difamó por parte del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, y de su director general, Juan José García Ferrer, a todos los dependientes y su familiares, lanzando el manto de la duda y la sospecha sobre su integridad y honradez".
Así, la Plataforma explica que de los casi 28.000 beneficiarios de prestación que había en Castilla-La Mancha cuando Echániz tomó posesión de su cargo, el Tribunal de Cuentas solo ha podido constatar 471 casos irregulares (1,6%) y que suponen un monto de 35.000 euros, o lo que es lo mismo un "fraude escandaloso" de 74 euros por cada uno de esos 471 expedientes.
Muy lejos de las acusaciones hechas por el Gobierno de Cospedal hace un año sobre 15 milllones de euros pagados indebidamente por el anterior Gobierno socialista a 1.000 dependientes fallecidos.
Por último, la plataforma informa que ha vuelto a remitir un escrito al fiscal superior de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, en el que se le solicita el estado en el que se encuentran las diligencia preprocesales de carácter penal que con el número de expediente 61/2013 tiene abiertas contra el director general de Personas Mayores, Discapacidad y Dependencia de Castilla-La Mancha.
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