- Julio Sánchez
- Jueves, 27 Febrero 2014
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Edificio de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha acusado hoy a la Consejería de Sanidad de llevar a cabo de manera ilegal y contraria a derecho las revisiones de oficio a miles de dependientes y "que solo tienen dos explicaciones: prevaricación o ignorancia y desconocimiento de la propia legislación que deben aplicar".
En un comunicado de prensa, ha señalado que las rebajas de prestación y grado a niños dependientes de Daimiel (Ciudad Real) son contrarias a derecho y, en ningún caso, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales puede escudarse en una instrucción de 2010 en la que se obliga a reducir las prestaciones a la mitad a dependientes que asistan a centros ocupacionales, centros de dia, centros de educación especial, "en tanto que carece de cualquier valor porque está derogada", como adelantó ayer El Porvenir.
"Esta normativa y cualquier otra quedó de forma explicita derogada por la orden que la propia Consejería aprobó en julio de 2013 en relación a las prestaciones e intensidades de las mismas, pero además en el caso del niño al que se le redujo la prestación a la mitad, recibe el P.I.A. definitivo de rebaja en noviembre de 2013 cuando ya estaba vigente a orden de julio de ese año que había derogado la instrucción de 2010", ha aclarado la Plataforma.
El caso de Manuel, un niño de 12 años con parálisis cerebral, fue aludido por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Debate del Estado de la Nación, como ejemplo de las "políticas crueles e injustas" de los gobiernos de Rajoy y Cospedal.
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales replicó al día siguiente a Rubalcaba y aseguró que a Manuel se le aplicó la instrución de 2010 aprobada por el Gobierno de Zapatero, admitiendo de hecho que había aplicado una normativa ya derogada en el verano de 2013. Y que, dándose cuenta del "error", la familia recuperará la cuantía total de la prestación como cuidadora, "según lo estipulado en la legislación vigente".
Más irregularidades
Según la Plataforma, "abundando aún más en la ilegalidad de sus acciones", obvian en la Consejería la Disposición adicional segunda sobre mantenimiento del programa individual de atención.
"Las personas que a la entrada en vigor de esta Orden disfruten de servicios y prestaciones limitadas por las intensidades y compatibilidades recogidas en esta normativa, no verán modificada su resolución del programa individual de atención, salvo solicitud de revisión del mismo a instancia de parte o de oficio por parte del órgano competente si se dan las condiciones del artículo 21.3 del Decreto 176/2009, es decir, si existen informes técnicos que avalen una mejoría o un empeoramiento."
Desde esta entidad se indica que no existe informe técnico alguno en ninguna de las revisiones de oficio que está realizando de forma sistemática la Consejería de Sanidad.
Además, continúa la Plataforma, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales esta pasándose por el "forro de su capricho" el Real Decreto de julio de 2012 en el que de forma explicita, en su disposición transitoria décima, dice que todos los expedientes de grado y PIA que tengan resolución administrativa les serán de aplicación unas cantidades económicas. Solo a los que no tengan esa resolución o nuevas solicitudes les serán de aplicación unas cantidades inferiores.
"Pues bién, esta Consejería en sus revisiones de oficio, que ya parten de una ilegalidad al no sustentarse en informes técnicos previos, aplica a expedientes de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 la consideración de nuevos aún a pesar de mantener el mismo número de partida, y están rebajando las cantidades de las prestaciones económicas de forma unilateral".
Por otro lado, la Plataforma ha precisado que "en cualquier caso aquella instrucción de 2010 venía a referirse a centros de educación especial en las que el dependiente estuviera interno de lunes a viernes, hecho este que no concurren en ninguno de los casos denunciados, ya que todos los niños acuden a centros en horarios normalizados y nunca internos".
"Instamos de forma inmediata a la presidenta de nuestra comunidad, María Dolores Cospedal, a que pida las explicaciones oportunas al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz y a su director general de Dependientes, Juan José García Ferrer, sobre sus actuaciones y rectifique antes que sean los Tribunales de Justicia, como están ya haciendo, el que los obligue a ello", concluye el comunicado.
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