 ¿Cómo puede un gobierno serio y, por supuesto, competente, anunciar como si fuera una cosa normal que nada menos que 4.300 personas discapacitadas han muerto en Canarias y da como explicación que Políticas Sociales ha archivado 4.368 expedientes de discapacidad al cruzar los datos con el INE y descubrir que sus titulares habían fallecido antes del 31 de diciembre de 2008? Añaden las fuentes anunciantes que ahora falta saber si los familiares de los fallecidos se beneficiaron de ayudas que, se supone, se les pagaba, porque puede suceder, como parece entenderse, que no se han abandonado y no se han investigado las causas. Sí se sabe que el Gobierno regional mantenía abiertos miles de expedientes de discapacitados que habían muerto antes de 2008. Estos datos los dio a conocer la Consejería de Políticas Sociales, la cual publicó en el Boletín Oficial de Canarias que, en concreto, se han archivado 4.368 expedientes de personas cuyos fallecimientos fueron anteriores al 3 de diciembre de 2008, un dato, que hasta ahora desconocía el Gobierno de Canarias, el cual no señaló a los centros de valoración de la discapacidad que había constatado expedientes de discapacidad gestionados a través de otros sistemas de información que no se corresponde con la realidad. Al parecer, se trataba de expedientes que no han sido archivados convenientemente.
Otro fallo inexplicable que se da en un servicio básico y fundamental que determina quiénes fallecen y quiénes no para tomar las medidas oportunas. Son faltas que no tienen por qué producirse por aquellas cuestiones a que se refieren, como la vida y muerte de seres humanos a los que hay que dedicar mayores atenciones y cuidados, además con la desgracia de padecer discapacidades, que deben ser objeto de cuidados específicos. |
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