La Conselleria de Sanidad podría derogar, si lo deseara, el copago farmacéutico para los discapacitados. Así lo avala el informe jurídico encargado por el Comité de entidades representantes de las personas con discapacidad de la Comunitat (Cermi CV) a la Universitat de València.
Según el documento, «la prestación farmacéutica y ortoprotésica forman parte de la cartera suplementaria de salud y, por tanto, corresponden al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas». En este sentido, concluye que es una «decisión política» eliminar su gratuidad. «No ha sido el Gobierno central quien ha obligado a suprimirla (...) Es el Ejecutivo autonómico el que decide con entera libertad».
Basándose en el Tribunal Constitucional, asegura que «el Estado no puede, en el ejercicio de una competencia básica, agotar la regulación de la materia, sino que debe dejar un margen normativo propio a la Autonomía».
Asimismo, el informe critica el argumento de la Generalitat para adoptar dicha medida, que la impone el Gobierno, ya que «sí concede gratuidad al colectivo de menores de edad tutelados»
El texto recuerda que el sobrecoste que afronta una familia por contar entre sus miembros con alguna persona discapacitada supera los 3.000 euros anuales.
Por todo ello, el presidente del Cermi CV, Joan Planells, solicitó de nuevo ayer un encuentro con el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, para reclamarle el restablecimiento del artículo derogado de la Ley del Estatuto del Discapacitado (el 16.2). Según Planells, el titular de Sanidad aseguró, sin embargo, que la decisión no dependía de ellos y que el problema no era económico, sino legal y jurídico.
Desde dicho Departamento afirman que el 36,6 por ciento de los afectados por la normativa no aportan nada. Del 81 por ciento que sí lo hace, la mitad es con una cantidad inferior a los diez euros. Un 2,6 por ciento paga más de 50 euros. Además, tal y como señaló el propio conseller en Les Corts, un 0,4 por ciento (unas 164 personas) abonan más de cien euros al mes, algo que preocupa al Ejecutivo valenciano. En cualquier caso, el modelo aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy establece que los ciudadanos colaboren en el mantenimiento de la prestación del servicio en función de su renta, por lo que «ningún beneficiario quedará fuera por no disponer de recursos económicos».
La Conselleria de Sanidad podría derogar, si lo deseara, el copago farmacéutico para los discapacitados. Así lo avala el informe jurídico encargado por el Comité de entidades representantes de las personas con discapacidad de la Comunitat (Cermi CV) a la Universitat de València.
Según el documento, «la prestación farmacéutica y ortoprotésica forman parte de la cartera suplementaria de salud y, por tanto, corresponden al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas». En este sentido, concluye que es una «decisión política» eliminar su gratuidad. «No ha sido el Gobierno central quien ha obligado a suprimirla (...) Es el Ejecutivo autonómico el que decide con entera libertad».
Basándose en el Tribunal Constitucional, asegura que «el Estado no puede, en el ejercicio de una competencia básica, agotar la regulación de la materia, sino que debe dejar un margen normativo propio a la Autonomía».
Asimismo, el informe critica el argumento de la Generalitat para adoptar dicha medida, que la impone el Gobierno, ya que «sí concede gratuidad al colectivo de menores de edad tutelados»
El texto recuerda que el sobrecoste que afronta una familia por contar entre sus miembros con alguna persona discapacitada supera los 3.000 euros anuales.
Por todo ello, el presidente del Cermi CV, Joan Planells, solicitó de nuevo ayer un encuentro con el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, para reclamarle el restablecimiento del artículo derogado de la Ley del Estatuto del Discapacitado (el 16.2). Según Planells, el titular de Sanidad aseguró, sin embargo, que la decisión no dependía de ellos y que el problema no era económico, sino legal y jurídico.
Desde dicho Departamento afirman que el 36,6 por ciento de los afectados por la normativa no aportan nada. Del 81 por ciento que sí lo hace, la mitad es con una cantidad inferior a los diez euros. Un 2,6 por ciento paga más de 50 euros. Además, tal y como señaló el propio conseller en Les Corts, un 0,4 por ciento (unas 164 personas) abonan más de cien euros al mes, algo que preocupa al Ejecutivo valenciano. En cualquier caso, el modelo aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy establece que los ciudadanos colaboren en el mantenimiento de la prestación del servicio en función de su renta, por lo que «ningún beneficiario quedará fuera por no disponer de recursos económicos».
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