El Gobierno recorta sobre lo recortado en dependencia

Estamos asistiendo al derribo del sistema público de servicios sociales y la privatización de las políticas de amparo social GT.- viernes, 24 de mayo de 2013 Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services6

U El Gobierno continúa desmantelando la Ley de dependencia y el modelo de servicios sociales y lo hace recortando sobre lo ya recortado. El objetivo de las últimas reformas no gira en torno a las personases y la mejora de los servicios, sino en torno al euro: está motivado por el ahorro y la reducción de gastos. Una deshumanización de las políticas que golpea con más fuerza a los más débiles y vulnerables, como son los menores, las personas mayores en situación de dependencia, o las personas en desempleo o sin recursos, empeorando aún más si situación y llevándolos a un mayor empobrecimiento y exclusión. En cuanto a la protección a la dependencia, el Plan Nacional de Reformas no incluye nuevos ajustes del sistema de protección a los realizados en los dos últimos años pero incluye medidas como el copago o la adecuación de las prestaciones a las necesidades de los dependientes con una priorización de los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas. En contra de lo que dijo el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, el Gobierno prácticamente ha paralizado la aplicación de la Ley ya que, además de la reducción del nivel mínimo de protección, la reducción de las cuantías a percibir por los beneficiarios la reducción en la intensidad de la protección y el incremento del copago del beneficiario, de un total de 2.205 millones de euros, más de 1.000 millones no se van a destinar a la protección del dependiente sino a pagar la deuda contraída con la Seguridad Social de las cuotas de los cuidadores no profesionales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). Con respecto al modelo de servicio sociales, y teniendo en cuenta la situación económica y social actual, la reforma de la Administración Local planteada por el Gobierno, cuyo propósito es transferir a las Comunidades Autónomas competencias que hasta ahora eran gestionadas por las corporaciones locales, obligará a los ayuntamientos a focalizar su actividad desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, de manera que si existe riesgo financiero en la realización de alguna actividad, se antepondrá la rentabilidad económica a la rentabilidad social. El modelo de servicios sociales debe estar basado en facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a tener una cobertura adecuada según sus necesidades y basadas en el criterio de la proximidad, y no en el asistencialismo o la posible privatización. La única consecuencia es una reducción de los servicios sociales y que su amparo no se base en criterios de eficiencia, o calidad, sino en criterios rentabilidad. Esta reforma no gira en torno a las personas sino en torno al euro. Quien está decidiendo lo que se hace con los servicios sociales es el Ministerio de Hacienda así que, si no se pone remedio, la ciudadanía tendrá menos servicios, caros y de peor calidad.