La Conselleria de Bienestar Social comunica a 8.000 afectados las aportaciones económicas que deben realizar por ser usuarios de servicios públicos. El Consell sólo ha resuelto a favor de los afectados unas 300 peticiones, apenas un 8% del total de las recibidas
C. PASCUAL 18.04.2014 | 11:16
Más de 3.300 dependientes y personas con discapacidad de la Comunidad han presentado recursos de alzada contra la Generalitat de Fabra por el copago en servicios públicos, como residencias, centros ocupacionales o de día, según datos ofrecidos por la Conselleria de Bienestar Social. Desde que entrara en vigor la orden por la que aumentaba el copago, usuarios de los servicios públicos de la Comunidad han presentado recursos ante el Gobierno valenciano, como paso previo a dar el salto a la justicia con recursos de carácter administrativo.
Según fuentes autonómicas, la Conselleria de Bienestar Social ha emitido cerca de 8.000 resoluciones en las que comunicaba las «aportaciones» a la «financiación» de los servicios de personas con discapacidad que son, a su vez, usuarias de recursos públicos financiados por la Generalitat.
Del total de las resoluciones de pago emitidas por Bienestar Social, casi la mitad de los receptores de los escritos oficiales han contestado a la administración valenciana con recursos de alzada. En concreto, el Gobierno valenciano ha recibido un total de 3.335 recursos hasta la fecha. De ellos, según los datos oficiales, en torno al 80% tenían carácter genérico. Es decir, 2.670 personas reclamaban al Consell la suspensión, paralización o derogación del decreto de precios públicos, que determina el aumento del copago para dependientes y discapacitados.
El resto de recursos presentados ante la Generalitat –un total de 665– han sido de carácter general, y en ellos se solicitaba a la administración una revisión del copago de forma individualizada.
Según fuentes del Gobierno de Fabra, la Conselleria de Bienestar Social ha revisado «uno a uno» todos los recursos presentados, ya fueran de carácter general como individual. Del total de 3.335, sólo 292 han sido resueltos a favor de los interesados. Es decir, de los 665 recursos de usuarios de la Comunidad con petición expresa de mejora del copago, el 43% han logrado una rebaja en el coste. Sin embargo, teniendo en cuenta que la propia Conselleria asegura que ha revisado todos los recursos presentados, apenas el 8% han logrado una mejora en las condiciones de pago determinadas por la administración valenciana.
En las últimas semanas, dependientes y discapacitados han presentado miles de firmas ante el Síndic de Greuges, reclamando una revisión de la normativa que obliga a los usuarios a aumentar el desembolso por el uso de servicios públicos, como residencias, centros ocupacionales o de día.
El pasado mes de agosto, el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicaba el decreto 113/2013, en el que se establecía las cuantías de precios públicos en el ámbito de los servicios sociales. A partir de este texto, Bienestar Social aumentó las aportaciones de los afectados, lo que provocó insumisión en parte de los usuarios.
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