La memoria anual del Defensor del Pueblo denuncia desigualdades en la aplicación del copago
La institución advierte que la falta de fondos paraliza resoluciones
El retroceso en el que se encuentra el sistema de dependencia no es un juicio aislado de los especialistas en trabajo social. Esta conclusión también se extiende entre los usuarios de las ayudas, que sufren retrasos en el pago, en las valoraciones, e incluso en los recursos de alzada que plantean ante las administraciones autonómicas para reclamar la solución de estos problemas. Así lo pone de manifiesto la memoria correspondiente al año 2013 del Defensor del Pueblo a raíz de las protestas remitidas sobre esta cuestión: “El análisis conjunto de las numerosas quejas recibidas en este ámbito pone de manifiesto que los ciudadanos perciben un deterioro del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, destaca en su informe distintos aspectos relacionados con las dificultades por las que atraviesa la aplicación de la ley como el retraso en el pago de prestaciones por parte de unas comunidades autónomas asfixiadas financieramente y un sistema de dependencia sometido a severos recortes desde el año 2012. “La carencia de presupuesto y la voluntad de asegurar la excepcionalidad de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar puede conllevar una demora inaceptable en el pago de las prestaciones reconocidas”, recoge el documento.
Los retrasos no se limitan solo a este aspecto. En cuestiones como la valoración y el reconocimiento del grado de dependencia o la asignación de los servicios del Programa Individual de Atención (el PIA, el plan que determina los servicios o prestaciones económicas más adecuado a las necesidades del usuario) “se observa que en algunas autonomías como Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Murcia se produce la paralización de las resoluciones, especialmente las que reconocen prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar ante la falta de fondos para abonarlos”, insiste el informe.
Ante el “incremento de quejas referidas” sobre esta cuestión, la institución inició a finales del año pasado actuaciones complementarias –más allá de los recordatorios del deber de resolver las solicitudes de forma expresa y en plazo- con las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. La intención del organismo de defensa de los ciudadanos es, “analizar el funcionamiento global de la gestión del sistema de dependencia [en estas regiones] que parece tener paralizada la tramitación de un alto número de quejas”.
El documento advierte también las protestas que ha desatado la progresiva aplicación de los nuevos copagos y, sobre todo, las notables diferencias que hay en el dinero que deben abonar los beneficiarios de las ayudas en función de su lugar de residencia. “La participación de los usuarios en la financiación de las prestaciones que reciben se realiza conforme a la regulación autonómica correspondiente, dando lugar a notables diferencias en función de la residencia del beneficiario”, advierte el documento.
La institución alude a otras críticas recibidas que se refieren a la reducción de la cuantía de las prestaciones, el endurecimiento de las valoraciones, las consecuencias del nuevo régimen de incompatibilidades entre prestaciones y las "significativas diferencias" entre comunidades en cuanto al nivel de protección.
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