01/09/2015 MADRID
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-Lapad) insiste en que los presupuestos que el Gobierno dedicará a la dependencia en 2016, con un aumento de 75 millones de euros, “son la cámara de gas para las personas dependientes”, pues se necesitarían 41 años para cumplir lo estipulado por la ley.
A través de un comunicado difundido este martes, las plataformas recuerdan que la lista de espera es de 433.852 personas, tras la reciente entrada de las personas en situación de dependencia valoradas con Grado 1 (Dependientes moderados). También subrayan que han muerto 117.000 dependientes y que durante la legislatura el Gobierno ha dejado de invertir 3.087 millones de euros a los que obligaba la ley.
Según el texto, la Ley de Dependencia obliga también a que esos aportes económicos deben ser de un 50% del coste real de esta atención y que actualmente “sólo se aporta el 17% del coste, aportando incluso más el propio beneficiario y dejando a las comunidades autónomas el sostenimiento ‘a pulmón’ de la atención a los dependientes”.
Las plataformas subrayan que el descenso de la lista de espera se produce por las muertes de dependientes y que, sin embargo, “se dispara al 37%, con datos de cobertura similares a los de noviembre de 2011, con 70.000 familias a las que se les ha hurtado la miserable prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con más de 84.000 grandes dependientes”.
La coordinadora espera que la Fiscalía General del Estado resuelva una denuncia que presentó el 20 de agosto para frenar la situación, que califican de “un escándalo de enormes proporciones”. También pide a las distintas formaciones políticas que “utilicen todos los medios de los que disponen” para ayudar a las personas dependientes
A través de un comunicado difundido este martes, las plataformas recuerdan que la lista de espera es de 433.852 personas, tras la reciente entrada de las personas en situación de dependencia valoradas con Grado 1 (Dependientes moderados). También subrayan que han muerto 117.000 dependientes y que durante la legislatura el Gobierno ha dejado de invertir 3.087 millones de euros a los que obligaba la ley.
Según el texto, la Ley de Dependencia obliga también a que esos aportes económicos deben ser de un 50% del coste real de esta atención y que actualmente “sólo se aporta el 17% del coste, aportando incluso más el propio beneficiario y dejando a las comunidades autónomas el sostenimiento ‘a pulmón’ de la atención a los dependientes”.
Las plataformas subrayan que el descenso de la lista de espera se produce por las muertes de dependientes y que, sin embargo, “se dispara al 37%, con datos de cobertura similares a los de noviembre de 2011, con 70.000 familias a las que se les ha hurtado la miserable prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con más de 84.000 grandes dependientes”.
La coordinadora espera que la Fiscalía General del Estado resuelva una denuncia que presentó el 20 de agosto para frenar la situación, que califican de “un escándalo de enormes proporciones”. También pide a las distintas formaciones políticas que “utilicen todos los medios de los que disponen” para ayudar a las personas dependientes
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