Para que una ley sea “viable” es necesario que tenga una financiación adecuada
CARLOS ROSILLO
Cuando se cumplen ocho años de la aprobación casi por unanimidad de la Ley de Dependencia, el acceso a una ayuda apenas cubre el número de bajas que se van produciendo. El sistema está estancado en alrededor de 750.000 personas atendidas, cuando en realidad los declarados beneficiarios rondan 1,2 millones. El resto de los afectados figuran en una lista de espera que no adelgaza y muchos de los que aguardan las ayudas fallecen antes de obtenerlas.
Según los datos de entidades dedicadas a evaluar el cumplimiento de la ley, unas 445.000 personas, ancianos en su mayoría, están en esa interminable lista de espera, si bien el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad rebaja la cifra a unos 130.000. Que el 1 de julio cumpliera el plazo que se dio el Gobierno para que entraran los dependientes leves al sistema no significa que los más de 300.000 que aguardan pacientemente hayan recibido su ayuda. Aunque la información es tan opaca que resulta difícil hablar de estadísticas con la necesaria fiabilidad.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 han incrementado unos 75 millones la partida para dependencia respecto a este año. Pero difícilmente pueden calificarse de “sociales” las cuentas del Estado. Con las aportaciones actuales se tardarían 25 años en atender a todos los que lo necesitan.
Poco antes de ganar las elecciones, Rajoy declaró inviable la Ley de Dependencia. Tratándose de un derecho subjetivo, sería tanto como decir que las pensiones son inviables o que acceder a una plaza educativa también lo es. Para que una ley sea “viable” hay que financiarla adecuadamente. De poco sirve el empeño que algunas comunidades autónomas han puesto en que salga adelante la atención a los dependientes si el ahogo económico no les permite llevarla a buen fin. Los derechos no son un privilegio.
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