Un centenar de discapacitados y sus familiares reivindican la resolución de 45.000 expedientes paralizados en la Comunitat
Dependientes conmemoran el aniversario de una normativa «atascada y denostada»
La plaza de la Virgen se convirtió ayer en el escenario en el que alrededor de un centenar de dependientes y sus familiares clamaron por la aplicación efectiva de una ley que, pese a cumplir nueve años, sigue en el olvido. Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia y la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia conmemoraron con un encuentro reivindicativo el noveno aniversario de la norma que, en todo este tiempo, todavía no ha dado solución a 45.000 afectados en la Comunitat.
Pese a que el motivo de la convocatoria era celebrar el aniversario de la aprobación de la norma, fuentes de la organización lo calificaron de eufemismo, puesto que no ha habido «ley más atacada y denostada» por los gobiernos valencianos que ésta. No obstante, la coordinadora de la Plataforma de Valencia, Elvira Murcia, matizó que ahora «hay un soplo de esperanza» porque el Gobierno valenciano «tiene predisposición al diálogo y a trabajar con los colectivos», frente a la postura del gobierno anterior.
Según los organizadores, «todos juntos hemos de hacer un gran esfuerzo para sensibilizar y visualizar ante la sociedad» la existencia de personas en situación de dependencia y discapacidad y la realidad que viven día a día.
Es importante, añadieron, que se conozcan las medidas «tan injustas» que han aplicado durante los últimos años los gobiernos autonómico y central, que «vulneran» los derechos de los dependientes y sus familias.
Desde la Generalitat, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, señaló que el Consell va a seguir trabajando para que la aplicación de la ley sea una realidad.
Casas recordó que 32.060 usuarios de la red de recursos asistenciales de la Comunitat y del sistema de atención a la dependencia se van a beneficiar de las medidas que en esta materia ha adoptado la Generalitat y que supondrán un coste para el ejecutivo de 57 millones de euros.
Por un lado, 3.317 personas con diversidad funcional y 1.352 personas mayores se verán beneficiados por la eliminación de la obligación de pago de los Centros de Día y de los Centros Ocupacionales, así como de los Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) para personas con enfermedad mental crónica, que de esta manera pasan a ser recursos gratuitos, lo que supondrá un ahorro de 8,2 millones para 4.669 usuarios.
A partir de enero, 15.000 personas que en la actualidad no perciben cuantías máximas verán ampliada su nómina con un nivel adicional para igualarlos al máximo establecido. Según estos baremos, se calcula para la prestación económica vinculada al servicio y de asistente personal cuantías que oscilan entre 715,07 y 300 euros.
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