EN COMA DEPENDIENTE

Usted va a ser dependiente. Y yo.  Y todos. Eso significa que esa Ley de Dependencia que muchos vemos de lejos, se convertirá en nuestra mochila mañana, con la vejez o cuando la mala suerte, la enfermedad, la genética o un accidente de coche nos incapacite para ser autónomos en nuestras tareas diarias para siempre.Los datos nos demuestran que esto no se trata de un único caso con nombre propio que, de vez en cuando, sale en televisión.Los números cuentan que hay cerca de 1,5 millones de personas valoradas por los Servicios Sociales por su grado de dependencia en nuestro país. Algo así como si toda la Región de Murcia dependiera de ayuda para su vida cotidiana. El drama humano es también una piedra en el zapato para las administraciones públicas. Compartidos los gastos entre Estado y CCAA, este ha sido el primer lastre del que han querido desprenderse. La crisis dependiente sigue siendo el polvo bajo la alfombra que nadie quiere ver.

♦ Metiendo tijera ♦

Nueve años después de su aprobación, la Ley de Dependencia está condenada a muerte. “Este Parlamento inicia un camino de solidaridad con las personas dependientes, con las personas que requieren ayuda para sus necesidades básicas”, decía José Luis Rodríguez Zapatero dirigiéndose a sus señorías, allá por 2006. Ese camino ha estado lleno de barreras presupuestarias y por lo que parece, terminará más pronto que tarde.

Cada año, la partida dedicada a hacer frente a los pagos a dependientes y cuidadores ha ido menguando. Responsabilidad compartida, puesto que son Estado y CCAA los que se encargan, prácticamente a medias, de inyectar dinero para el sistema de dependencia.

El tajo no tiene “padre político”. Ya en el último año de gobierno socialista, el presupuesto de la Administración General del Estado dedicado a este fin fue de 1.568 millones de euros, 235 millones menos que el ejercicio precedente. La peor etapa de la crisis se llevó consigo cada vez más pedazos del “pastel” hasta llegar a los 1.192 millones de euros destinados para este 2015. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales va más allá y estima en 5.000 los millones de euros arrebatados a la Dependencia en los últimos tres años, correspondiendo el 40%  de ese ‘tajo’ a la Administración General del Estado. Es curioso que, sin embargo, el IMSERSO ofrezca una lectura completamente opuesta (a pesar de que se basen en los mismos datos oficiales). Afirman que, no solamente ha subido en los tres últimos años el número de personas atendidas, sino que su aportación para la dependencia transferida a las CCAA en 2014 ha superado los 3.700 millones de euros. ¿Creíble? No parece. Solamente con el Decreto de 2012, el Gobierno dejó de inyectar 283 millones de euros por ejercicio en las autonomías. Y han pasado cuatro años.

Fuente: Observatorio Estatal para la Dependencia

¿Con qué quedarse, entonces? Tal vez el Programa Nacional de Reformas para el año 2014 que el Gobierno presentó en Europa les resulte más explícito. En él, es el propio Ejecutivo el que cifra en 2.278 millones de euros el ahorro total de Estado y CCAA (recorte) en el Sistema de Atención a la Dependencia entre 2012-2014.

♦ El atentado de Julio ♦

El 14 de julio de 2012, la palabra se hizo ley. Entre las duras medidas de atajo de la crisis, se cuela el Sistema de Dependencia, que entra en estado agónico. En el texto se recoge la sangría: cada año, el Estado sisará 283 millones de euros a las autonomías, dejarán de abonarse las cuotas de seguridad social de los cuidadores y se reducirá un 13% el Nivel Mínimo Garantizado (lo que aporta el Estado por cada uno, en función de su grado de dependencia). Estamos hablando de unos 700 millones de euros que la Administración General del Estado se queda para sí.
No hay más que echar un vistazo al siguiente gráfico para ver que, desde 2012, se han desplomado solicitudes, beneficiarios y el dictamen de grandes dependientes. Sin los recortes de julio, se podrían haber sacado de la lista de espera con atenciones a casi 100.000 personas y, según la Asoc. Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se habrían creado 30.000 empleos en un un año.

Fuente: elaboración propia con datos de IMSERSO, PGE y
Sistema informático de la Dependencia.

  Incluso un informe del Consejo Económico y    Social advertía ya en 2012 de las      consecuencias  de la aplicación de la ley  gubernamental que  no sólo amparaba a las  CCAA a suspender  durante dos años las  prestaciones a los  dependientes  (independientemente de su  grado), sino que, a  la larga, esto tendría tras de  sí un siniestro fin:  el ahorro de la prestación, por la gravedad de  los casos y la avanzada edad de la mayoría de  ellos.

Fuente: SISAAD (Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia),
elaboración propia.

Pero “El atentado de julio” se cobró más víctimas: los cuidadores -cuyas prestaciones se reducían a aguinaldos- y los dependientes moderados (GRADO 1), que dejaron de incorporarse al sistema “momentáneamente”. Un parón de tres años. Esas personas, necesitadas de ayuda diaria para comer, beber, lavarse o vestirse, tuvieron que esperar hasta julio de este 2015 para volver a optar a sus ayudas. En ese lapso, la lista de espera oficial disminuyó, claro. Pero detrás de la medalla que se colgaba el Ministerio, se escondía la trampa. El “milagro de la lista de espera” no era otro que el abandono en la cuneta: la muerte.

♦ El limbo dependiente ♦

Fuente: Observatorio Estatal para la Dependencia

Aunque el ministro Jesús Caldera auguraba que “Ningún español estará solo” tras la aprobación de la Ley, el IMSERSO reconoce que el 20,3% de las personas con derecho a prestación ha muerto sin haber recibido la ayuda que tenía reconocida y aprobada. Dos de cada diez. Eufemísticamente se refieren a ellos como aquellos que “han causado baja en el Sistema de Dependencia”. Los datos, ya dramáticos per se, son aún peores para el Observatorio Estatal de la Dependencia. 117.000 personas, afirman, han muerto después de estar en un limbo dependiente: con derecho, pero no ‘de hecho’. Un registro de altas (como ahora) pero también de bajas, similar al que existía en la etapa de Rodríguez Zapatero, solucionaría esta “lucha de números”. Con la llegada del PP al poder, las tablas únicamente reflejan las nuevas incorporaciones al sistema de dependencia. Esto no deja de ser una visión sesgada, puesto que acaba revelando una lista de espera idílica que cada día se reduce, como si un gran dependiente curase milagrosamente.

Fuente: IMSERSO

Lejos de ese adelgazamiento de listas de espera, el número de personas que hoy se encuentran en ese “limbo” es aún mayor que el que encontró Mariano Rajoy al llegar a Moncloa. De hecho, estamos en el peor momento desde la aprobación de la Ley de Dependencia. Hoy, y sin haber terminado aún este ejercicio, hay casi 400.000 personas que, teniendo su ayuda aprobada, no la reciben. En diciembre de 2011 eran 315.000, aproximadamente.

Paco Andrés, con 83 años, no pensó en solicitar siquiera una ayuda a pesar del EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) en estado avanzado que sufría, hasta que su estado (problemas respiratorios cada vez más duros, los continuos controles de niveles de azúcar o la incapacidad para encargarse por sí mismo de su higiene personal), animaron a su familia a solicitar una valoración a la Consellería de Bienestar Social. Tuvo que esperar medio año, hasta junio de 2013, para que le hiciesen una valoración y lo que le quedaba de vida para esperar su ayuda. Paco murió nueve meses después de aquélla visita de los "valoradores". No llegó a saber siquiera cuál era su grado de dependencia. Una carta, como una mala broma, llegó dos años después de su fallecimiento. Fríamente, la Consellería le informaba de que “no podían notificarle el grado de valoración de dependencia” puesto que el solicitante ya había muerto. Esa ayuda se la ahorraron las arcas valencianas “y en ese momento, créeme que la  necesitábamos”, lamenta su hijo Francisco. 

Si hay una comunidad autónoma que abandere la desidia en dependencia, es Aragón. El 45% de sus dependientes reconocidos, aún están viéndolas venir. Los dependientes aragoneses tienen que esperar una media de tres años y medio, desde que solicitan la ayuda hasta que la reciben.
Trinidad Buelo vio morir a su madre, Ana Polo, en Zaragoza. Tuvo la mala suerte de pedir la ayuda en la peor comunidad autónoma para ser dependiente. Su ayuda, solicitada en 2010, no llegó a tiempo y su madre falleció más de un año después de habérsele aprobado la prestación. 

Trinidad confía en que, con el nuevo gobierno, las ayudas que les correspondían lleguen retroactivamente, aunque, una vez más, tendrá que esperar. El gobierno aragonés reconoce que tiene una deuda, pero aún es incapaz de cuantificarla. Se acoge a los 8 años que la ley le concede de respiro para pagar lo que deben a los familiares de los fallecidos. “Nuestra prioridad absoluta es atender a las personas vivas”, sostienen.

 ♦ El chasco valenciano ♦

Otra comunidad tiene el triste récord de ser la que peor ha gestionado las ayudas a la dependencia.  En la Comunidad Valenciana, las esperanzas de más de ochenta mil personas estaban puestas en el nuevo gobierno. Socialistas y Compromís fueron duros con la desatención dada a los dependientes, empeorada por las cuentas autonómicas y por el Real Decreto Ley del Gobierno.
En la radiografía que hace la Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cuando PSPV y Compromís alcanzaron acuerdo para tener mayoría en Les Corts, de las 52.044 personas con derecho reconocido por su dependencia en la comunidad, un 20% no recibía la ayuda que legalmente le correspondía. Una cifra a la que habría que sumar las más de 2.400 que aún esperaban siquiera una valoración de su caso.
Entonces recibieron la promesa. Mònica Oltra restablecería las prestaciones por la dependencia tal y como estaban antes de la amputación del PP y eliminaría el copago que, además, había instaurado la Comunidad Valenciana. Y así será, pero la derogación no llegará hasta 2016 y mientras tanto, el copago sigue en vigor.

La Plataforma de dependientes valenciana, que aplaude la voluntad, no entiende, sin embargo, por qué el nuevo Gobierno no devuelve los 17 millones de euros que, por culpa de ese copago, se ha estado cobrando ilegalmente a los valencianos. “Obliga a las personas dependientes y sus familias a ir a los Tribunales a exigir sus derechos”, afirman. Aseguran que es una obligación ética devolverlo de oficio y evitar a los dependientes “arrastrarse” a los juzgados. “Nos sentimos profundamente decepcionadas por tener que haber recurrido a la denuncia pública para hacer reflexionar al Consell. En la actualidad el bipartido PSPV-Compromís sigue aplicando el mismo copago ilegal que instauró el PP”, lamentan. Desde el Gobierno valenciano, únicamente se comprometen a “estudiar cómo resarcir” a las familias. No es la prioridad de un Consell, dicen, que primero derogará la ley y luego incluirá en el sistema a los más de 40.000 dependientes que se quedaron fuera del sistema.
Eso, como todo en este tema, tendrá que esperar. Tal vez para entonces, ya sea tarde.∗