A nuestra hija Inés le diagnosticaron, al mes y medio de nacer, un trastorno del cuerpo vítreo con pérdida de la visión del ojo izquierdo por el que se le reconoció un grado de discapacidad del 33%. Se nos informó de que cuando cumpliera 4 años (lo hizo el pasado 30 de junio) sería valorada de nuevo.
El Servicio de Valoración de Discapacidad nos citó para el 26 de junio. El facultativo que nos atendió nos dijo que a Inés no se le iba a practicar ninguna prueba y que solo eran necesarios los documentos médicos que tuviéramos. Aportamos el informe del servicio de oftalmología del Hospital Sant Joan de Déu, el centro en el que fue operada y en el que desde entonces se le hacen los controles.
El 8 de agosto recibimos una resolución de Benestar Social i Família por la que el grado de discapacidad de nuestra hija se rebaja del 33% al 10%, una calificación que no podemos entender, salvo que se trate de una cuestión estrictamente presupuestaria, pues las pocas ayudas existentes se destinan a discapacidades a partir del 33%. Sobre todo porque el contenido del informe médico aportado es exactamente el mismo que el inicial, y a nuestra hija no se le practicó prueba médica alguna que justificara la rebaja.
Además, Inés lleva una lentilla cuyo coste actual es de 495 euros y Salut asume el coste de una sola lentilla al año, insuficiente teniendo en cuenta que se pierden fácilmente y más en casos de niños de tan corta edad.
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