- Aurelio López-Barajas de la Puerta
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La Concejal del Ayuntamiento de Logroño y Diputada por La Rioja en el Congreso de los Diputados, Concha Bravo, nos da su punto de vista sobre el sector de la Dependencia en España a UNIR Cuidadores, la Universidad del cuidador.
¿Cómo de efectiva considera que ha sido la Ley de Dependencia?
Desde mi perspectiva la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias”ha sido una ley marco necesaria.
Lo es porque permite sentar las bases para construir un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia el cual, independientemente del debate sobre su origen (es decir, si la “protección de la dependencia” surge como consecuencia de insuficiencias en el propio Sistema de Protección Social o bien apremiados por la evolución demográfica de la población), resulta imprescindible.
Así ya se ha demostrado desde la década de los ochenta en otros países de nuestro entorno. Teniendo en cuenta las nuevas situaciones (no atendidas por el citado Sistema de Protección Social) que emanan de hechos previsibles y/o constatados, tales como:
- Que entre el 15 y el 20% de la población española es dependiente.
- Que las proyecciones demográficas revelan que, en 2015, se producirá un incremento porcentual sensible de la población situada en los que se denomina la “cuarta edad” (es decir, lomayores de 80 años).
¿Considera que las empresas privadas deberían cubrir los servicios a donde no puede llegar la Ley o las administraciones públicas?
A mi juicio, los dos pilares que sostienen la atención a la dependencia son, además, por este orden: la familia y los recursos/medios que al efecto habilitan las administraciones públicas en sus tres niveles (estatal, regional y local).
La familia, en sí misma, supone un ecosistema de refugio que gestiona, desde siempre, de manera silenciosa la dependencia de sus familiares lo que, sin duda, cada vez más (en una sociedad moderna y altamente competitiva), constituye un problema de primera magnitud para los “cuidadores”.
Un problema, a su vez silencioso y poco visible, tanto para la sociedad como para los propios poderes públicos. En otras palabras: hasta el momento, la dependencia no ha sido un problema de la sociedad sino de las familias quienes, incluso, han llegado a reemplazar, en gran medida, a los citados poderes.
Todos entendemos que esta situación es, a todas luces, insostenible. Por ello, y a pesar de que la familia continuará siendo el núcleo de ese ecosistema al que me he referido para el cuidado de la dependencia, es toda la sociedad la que tiene el deber irrenunciable para con sus miembros dependientes; unas personas que, bajo una situación de vulnerabilidad, tienen el derecho a ser protegidos por esa misma sociedad que tanto han ayudado a construir.
La Ley de Dependencia está atrofiada y no ha funcionado como se pretendía.
En consecuencia, hemos de ser conscientes de que el sistema no puede asentarse por más tiempo en la familia y que corresponde, de manera irrenunciable, a los poderes públicos -como exponentes de la sociedad- cuidar a las personas dependientes.
Sin embargo, la grave situación económica que venimos arrastrando, supone un “hándicap” para que dichos poderes puedan desplegar con total plenitud las medidas necesarias para atender, como merecen, a las personas dependientes.
Más allá del discurso partidista, lo que no podemos ignorar es el hecho de que, transcurridos tan solo cinco años desde su aprobación,la Ley de Dependencia está atrofiada y no ha funcionado como se pretendía. O dicho en términos mucho más simples: el sistema está al borde del colapso.
Es necesario reactivar el sistema, buscando alternativas eficaces.
El Gobierno está promoviendo acuerdos con las CC.AA para simplificar los niveles de dependencia y revisar la prestación económica concedida a los cuidadores del entorno familiar. Y todo ello, con el fin de diseñar un sistema más justo, con criterios comunes en todo el territorio.
Parte de este necesario enfoque, implica derivar parte de la actividad hacia el sector empresarial ya que, en España, dicho sector es maduro y ha alcanzado un elevado nivel de profesionalidad.
En consecuencia, estoy completamente de acuerdo que empresas privadas -que acrediten su capacitación- cubran los servicios relativos al cuidado de las personas dependientes allí donde no pueden llegar las administraciones públicas. De lo contrario, corremos el riesgo de que el propio sistema muera por inanición.
¿Qué problemas cree que genera una población envejecida como ocurre en España?
Como sociedad, se genera la necesidad de dar una respuesta “sistémica” que, ante todo, evite la exclusión social de este colectivo. Y, para ello, la estrategia debería pivotar alrededor de lo que hoy se conoce como “envejecimiento activo” ya que se trata de una forma eficaz de prevenir la dependencia.
Y es que: “la edad, en sí misma, no es motivo de dependencia. Para que ésta exista, debe darse una interacción con la salud de la persona”.
Si nos centramos en los mayores, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud se convierten en elementos claves de la estrategia.
En este sentido, hemos de ser muy conscientes de que la principal preocupación de las personas mayores es la salud; y lo es, por sus consecuencias en términos de dependencia, causa fundamental de sufrimiento y de mala autopercepción de la salud.
De no alcanzarse este doble objetivo, más allá de la consecuencia social (sobre todo, para las familias que se encargan del cuidado de estas personas, ya sea directamente o pagando por ese servicio), se producirá un mayor gasto en el “cuidado de la salud”, a cargo del Estado, tanto en su vertiente de mayor consumo de recursos sanitarios como sociales.
Pero a este “gasto” se suma, como ya he comentado, una consecuencia social subsidiaria relacionada con el desarrollo profesional de los cuidadore/as que se encargan de las personas dependientes dentro de su propio entorno familiar. Estos familiares (todavía, en una gran porcentaje, mujeres), tienen que sacrificar sus carreras profesionales, en muchos casos, por encargarse de sus familiares con dependencia.
De ahí que sea imprescindible que el Estado, directamente y a través de las CC.AA así como de las entidades locales, ponga a disposición de todos los ciudadanos los medios necesarios para poder combinar desarrollo profesional y personal con el cuidado exquisito de nuestros familiares dependientes.
No obstante, más temprano que tarde, resulta imprescindible trasladar la responsabilidad de la atención a la dependencia a la esfera pública, y la atención en mayor medida hacia la esfera social, basculando entre lo sanitario y lo social, y encontrando la forma de integrarlo en un sistema que los mayores y sus familias conocen bien, sienten cercano, y confían en él.
El planteamiento estatal del problema de la dependencia debería abordar el traslado de la responsabilidad desde la familia a la comunidad, y de la atención desde lo médico a lo social. Entre tanto, hasta que esa migración se produzca, la empresa deberá jugar un papel decisivo en facilitar el cuidado “familiar” de la dependencia.
¿Cree que la mejora de la conciliación laboral y familiar puede reducir el absentismo y mejorar la productividad de los empleados?
A pesar de que la dependencia se trata de un fenómeno cuyas implicaciones han rebasado el ámbito familiar, al que tradicionalmente se veía confinada, todavía hoy día, en gran parte de las situaciones, el cuidado de los dependientes se desarrolla por parte de sus familiares; unos familiares que, caso de encontrar dificultades para acceder a las ayudas correspondientes (o incluso accediendo a las mismas) han de elegir, en muchas ocasiones entre su desarrollo profesional, dentro del marco fijado por la empresa, y el citado cuidado.
Resulta evidente, a tenor de las investigaciones realizadas al respecto -Robbins y Judge (2009); Hellriegel y Slocum (2004); Caballero et al (2003)-, que la satisfacción influye de manera importante en el desempeño del trabajador reduciendo, en consecuencia, el absentismo.
En este sentido, es muy importante tener en cuenta que: a nivel individual no es la satisfacción la que lleva a la productividad, sino quees la productividad la que lleva a la satisfacción (Robbins y Judge, 2009), lo que indica que cuando las personas tienen la oportunidad de ser más productivas alcanzan niveles de satisfacción más altos, los cuales a su vez les llevan a ser más productivas.
A mayor productividad mayor satisfacción. Y cuanto más altos sean los niveles de satisfacción, las personas serán más productivas. Por lo que configuramos un 'círculo virtuoso'.
Por ello, nuevamente mi respuesta a la pregunta es SÍ, toda vez que la mejora de la conciliación laboral y familiar (facilitando el cuidado, en este caso particular, de nuestros familiares dependientes) reduce el absentismo y, consecuentemente, incrementa la productividad lo que nos lleva a la satisfacción y, desde ahí, a ser más productivas. Con lo que configuramos un “círculo virtuoso”.
En este sentido, ya durante la campaña electoral de 2011, la actual alcaldesa del ayuntamiento de Logroño proponía fomentar el reconocimiento municipal a las empresas que promuevan la conciliación de sus trabajadoras a través de un distintivo, “Empresa conciliadora”, para explicitar las buenas prácticas empresariales realizadas en ese sentido.
¿Cree que la gestión de la Dependencia debe ser una medida de RSE?
Creo que todos estamos de acuerdo en que, en el cuidado a la dependencia, la familia ya se encuentra al máximo de su capacidad de cuidados: de ahí que la empresa, desde su perspectiva de RR.HH, esté llamada a jugar un papel decisivo para que la familia pueda continuar con su labor cuidadora de la dependencia.
Uno de los grupos de interés (GG.II) hacia los que se vuelca la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) es, precisamente, el de los empleados; y, desde esta perspectiva, la RSE -para que sea eficaz- deberá casar los intereses de la empresa con los de este GG.II. En consecuencia, si el cuidado de sus familiares dependientes es una de las preocupaciones de los empleados, la empresa deberá, en el ámbito de la RSE, desarrollar un Plan de Acción específico que les permita continuar con esta labor social sin mermar por ello sus posibilidades de desarrollo profesional dentro de la empresa.
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