Colectivos en defensa de las ayudas a la dependencia acusan al equipo de Cospedal de prevaricar con las ayudas de “personas que se mueven en la delicada línea entre la vida y la muerte”.
María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla la Mancha
E.B. / 18-08-2014 • 18:45
La gestión sanitaria de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha vuelve a estar en la picota. La Coordinadora Estatal de Dependencia (CO-LAPAD) y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en la región han denunciado al equipo de Gobierno de la secretaria general del PP por “un posible delito de prevaricación” al no aplicar correctamente la normativa.
Los dos colectivos denuncian ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que en Castilla-La Mancha se incumple “de forma sistemática y continua” el Real Decreto 168 del 13 de julio de 2012 que regula las ayudas a la dependencia. En este sentido apuntan que se está procediendo a “la revisión de todos los expedientes anteriores a la entrada en vigor del mismo con la única intención de rebajar las prestaciones que hasta ese momento venían percibiendo las personas dependientes con resolución de grado y prestación definitiva”, según recoge el comunicado en el que dan cuenta de su iniciativa judicial.
Aunque la norma recoge explícitamente que las cantidades inferiores en las prestaciones se aplicarán a los expedientes que no tengan resolución administrativa o a los nuevos, los colectivos denunciantes explican que “El Gobierno de Cospedal da el tratamiento de ‘nuevos’ a todas las revisiones para hurtarles cantidades que legalmente les corresponden”. Una práctica que según recogen afectaría incluso a expedientes con fecha en el ejercicio 2007.
Los colectivos de dependencia acusan al Ejecutivo castellano-manchego de “estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación al dictar resoluciones que no se ajustan a derecho a sabiendas de ello”. Además, subrayan la gravedad moral del asunto por el hecho de que “las personas contra las que va dirigida no tienen capacidad de defensa al estar en situaciones que en muchísimas ocasiones se mueven en la delicada línea entre la vida y la muerte”, sentencia el comunicado.
Los dos colectivos denuncian ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que en Castilla-La Mancha se incumple “de forma sistemática y continua” el Real Decreto 168 del 13 de julio de 2012 que regula las ayudas a la dependencia. En este sentido apuntan que se está procediendo a “la revisión de todos los expedientes anteriores a la entrada en vigor del mismo con la única intención de rebajar las prestaciones que hasta ese momento venían percibiendo las personas dependientes con resolución de grado y prestación definitiva”, según recoge el comunicado en el que dan cuenta de su iniciativa judicial.
Aunque la norma recoge explícitamente que las cantidades inferiores en las prestaciones se aplicarán a los expedientes que no tengan resolución administrativa o a los nuevos, los colectivos denunciantes explican que “El Gobierno de Cospedal da el tratamiento de ‘nuevos’ a todas las revisiones para hurtarles cantidades que legalmente les corresponden”. Una práctica que según recogen afectaría incluso a expedientes con fecha en el ejercicio 2007.
Los colectivos de dependencia acusan al Ejecutivo castellano-manchego de “estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación al dictar resoluciones que no se ajustan a derecho a sabiendas de ello”. Además, subrayan la gravedad moral del asunto por el hecho de que “las personas contra las que va dirigida no tienen capacidad de defensa al estar en situaciones que en muchísimas ocasiones se mueven en la delicada línea entre la vida y la muerte”, sentencia el comunicado.
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