Patronales y sindicatos del sector de la Dependencia han presentado en rueda de prensa el primer informe del Observatorio de la Dependencia de España.
02 Julio 2014 - 20:41 h.
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Las patronales y sindicatos firmantes del VI Convenio Estatal de la Dependencia presentan en Madrid los datos que arroja el primer informe del Observatorio de la Dependencia, cuyas conclusiones les lleva a reclamar la necesidad de que los poderes públicos financien, regulen y atiendan adecuadamente al sector de la Dependencia.
“Se corre el riesgo de volver al pasado y que tengan que ser las familias quienes se ocupen de atender a las personas dependientes”
Tanto empresarios como representantes de las trabajadoras y trabajadores coinciden en que el desarrollo de la ley de la Dependencia se está produciendo sin la suficiente financiación para cumplir con las expectativas en cuanto al derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia, como de profesionalización y creación de empleo en el sector.
A este respecto, el secretario de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO(FSS-CCOO), Antonio Cabrera, ha advertido de que “se corre el riesgo de volver al pasado y que tengan que ser las familias quienes se ocupen de atender a las personas dependientes”, teniendo en cuenta que casi doscientas mil personas están pendientes de recibir las ayudas y otras tantas están pendientes de valoración de su situación.
Cabrera ha señalado que más del 40% de los servicios son prestados por cuidadores informales y ha reprochado a los poderes públicos el poco interés mostrado en la necesaria cualificación profesional
Cabrera ha recordado que en los primeros cinco años de implantación de la ley se crearon 115.000 empleos, con una expectativa de aproximadamente 300.000. Sin embargo, se está produciendo una destrucción de empleo quepone en peligro la prestación de la asistencia necesaria en las condiciones de calidad deseables y que ha cifrado en unos 28.000 puestos de trabajo, de los cuales más del 90% son mujeres.
De hecho, el responsable sindical ha subrayado que una de las premisas necesarias para la verdadera implantación de la ley es la profesionalización del sector, tanto desde el punto de vista de los servicios que se prestan como desde el punto de vista de la cualificación profesional de las personas que trabajan en los mismos.
Cabrera ha señalado que más del 40% de los servicios son prestados por cuidadores informales y ha reprochado a los poderes públicos el poco interés mostrado en la necesaria cualificación profesional de las personas que trabajan en el sector, que debían acreditarse antes de 2015, mientras existen comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, en las que todavía no se ha efectuado ninguna convocatoria de acreditación.
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