Opinión
Se cumplen justo ahora dos años de la aprobación del RD-Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad por parte del gobierno del PP , lo que supuso lo que las Plataformas consideramos como el inicio del desmantelamiento del sistema de atención a la dependencia. Hablaban de “racionalización” y “sostenibilidad del sistema” cuando lo que se pretendía era dinamitarlo.
Este impacto se materializaría en una reducción de las personas atendidas y en desatención y abandono para las personas que ya tienen sus derechos reconocidos.
Alguna de las brutales medidas que recogía este RDL era una primera reducción de las prestaciones en un 15%, la eliminación del pago de las cotizaciones a la SS de las cuidadoras -de las 1621 apenas 136 en la provincia de Castellón siguen cotizándose por su cuenta-, la exclusión del sistema de los dependientes moderados hasta 2015, la incompatibilidad entre servicios, o la eliminación de los niveles.
Según datos del propio IMSERSO el 31 de enero de 2012 teníamos en la provincia de Castellón 7.351 personas con derecho reconocido, de las que 4.376 estarían recibiendo prestación o servicio, y otras 2.975 se encontrarían en el “limbo de la dependencia”.
El 31 de mayo de 2014 tenemos en la provincia de Castellón 5.746 personas con derecho reconocido, de las que 4.059 estarían recibiendo prestación o servicio, y otras 1.687 se encontrarían en el “limbo de la dependencia”.
De lo cual, se deduce, que la reducción de 1.288 personas del llamado limbo de la dependencia no se debe a que estas personas hayan sido atendidas, puesto que como ve el número de personas atendidas también ha descendido en 1.370 personas en dos años , sino por otros dos motivos muy distintos, los únicos por los que se puede salir del sistema una vez ha sido reconocido el derecho: por revisión a la baja del grado y pasar al grado 1 (dependientes moderados), que según el mencionado RDL 20/2012 quedan excluidos de sistema hasta 2015, o bien por la muerte de la persona beneficiaria esperando ver reconocidos sus derechos. La tasa de reposición es pues negativa, ya que la paralización absoluta del sistema hace que no haya nuevos dependientes con los que compensar los que mueren o salen del sistema. Aproximadamente 3.000 castellonenses habrían fallecido sin ver reconocidos sus derechos desde la entrada en vigor de la Ley en 2007.
A este devastador panorama hay que añadir toda una serie de medidas crueles y antisociales que se ensañan reiteradamente sobre el colectivo de las personas con discapacidad y dependencia como son los copagos en las prestaciones y la eliminación de la gratuidad de la prestación farmacéutica aprobados el año pasado por el gobierno de la Generalitat Valenciana de Alberto Fabra, que colocan muchas de estas personas en una situación insostenible e invivible, cuando no al borde de la pobreza o la exclusión social. Los datos que arroja el Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia muestran que continúa el descenso en nuestra comunidad en la inversión en dependencia por habitante y año, pasando de 62,21 euros en 2013 a 59,82 euros en 2014, y colocándonos los cuartos por la cola. La misma posición que tenemos en valoración, con un 1.3 sobre 10.
El informe del Síndic de Greuges revela que en 2013 se produjeron en el País Valencià 1.758 quejas relacionadas con la dependencia, en especial, por la aplicación del copago en las prestaciones por cuidados en el entorno familiar.
Por lo que se refiere al pago de las prestaciones, se adeudan en la actualidad dos meses, siendo abril el último mes abonado.
Las Plataformas de la Dependencia del País Valencià, nos reunimos en Valencia el pasado 5 de julio para fijar una serie de iniciativas que las Plataformas tienen previsto emprender en las próximas semanas, entre las que cabe destacar la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular en Les Corts para exigir la derogación de todos los copagos impuestos por el Consell en el último año en dependencia, residencias y centros de día y derogación de la prestación farmacéutica para las personas con discapacidad y dependencia, cuya recogida de firmas -50.000- empezará con toda probabilidad el próximo mes de septiembre.
Carme Santamaría
Portavoz Plataforma Dependencia Castellón y Secretaria de Igualdad del PSPV de Castellón
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