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COMUNICADO DE PRENSA
PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA CV/PV, 17 JULIO DE 2014.
Las políticas de Bienestar Social en la Comunidad Valenciana, dirigidas por la Consellera Asunción Sánchez Zaplana y
con la complicidad del presidente Alberto Fabra, han agravado más aun la calidad de vida de las personas en situación de
dependencia, personas cuidadoras en el entorno familiar, familiares y trabajadoras y trabajadores del sector.
Hace dos años el gobierno de Mariano Rajoy asaltó derechos básicos de la ciudadanía española, mediante un
DECRETAZO, Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que destrozaba la sanidad, la educación, los servicios sociales, y
la ya maltratada Ley de Dependencia. Dos años más tarde nos encontramos a la gran mayoría de personas dependientes
con míseras ayudas, con muchas de sus familias abocadas a la pobreza y la exclusión social, con residencias y centros
cerrados o bajo mínimos y al límite del cierre, perdiendo usuarios por el COPAGO (REPAGO) establecido por el gobierno
valenciano (Orden 21/2012 de 25 octubre y Decreto 113/2013 de 2 de agosto), provocando que muchas personas
dependientes no puedan acudir a sus Centros (residencias, centros de día/noche, centros ocupacionales, etc.), que sus
trabajadores y trabajadoras lleven meses sin cobrar e incluso muchos hayan sido despedidos por los impagos de la
administración, en definitiva el sector de la atención a la dependencia está colapsado y al borde de la desaparición.
La mayoría de las personas cuidadoras se han visto obligadas a dejar de cotizar a la Seguridad Social, de 16.000
cotizantes en julio de 2012 a menos de 1.200 en julio de 2014, lo que conlleva a no poder acceder a una jubilación digna.
El reciente XIII DICTAMEN del OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DEPENDENCIA, publicado el 15 de julio de 2014, viene
a corroborar el estado crítico de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana:
- La Comunidad Valenciana se sitúa en el último lugar de todas las CCAA del estado español en la Escala de valoración
con un 1,3 sobre 10, igual que Canarias.
- El gasto público en dependencia por habitante y año en la CV es de 59,82 €, siendo la media de 109,60 €, estando a la
cabeza Cantabria con 180,13 €.
- Cada mes se pierden un promedio de 100 usuarios atendidos, 3 a 4 diarios.
En la Comunidad Valenciana, seguimos a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia: en solicitudes, dictámenes,
personas beneficiarias con derecho a la prestación y personas beneficiarias que reciben la prestación.
Hay 16.870 personas grandes dependientes esperando su Resolución PIA (nuestro permanente y sufrido LIMBO DE LA
DEPENDENCIA), hace dos años, había 23.642 personas dependientes, se ha reducido en dos años en 8.772 personas.
¿Qué ha pasado? ¿Han resuelto los expedientes de estas personas? NO, la gran mayoría han ido engrosando de la
manera más cruel la LARGA LISTA DE FALLECIDOS: calculamos que en la Comunidad Valenciana en estos 7 años hay
más de 35.000 personas dependientes que han fallecido y han sido olvidados por esta camarilla de esquilmadores de
derechos subjetivos, como son estos gobernantes del Partido Popular, insensibles, prepotentes y despreciables.
Por lo que es, fácil de entender que el año 2013 se hayan presentado ante la Sindicatura de Greuges más de 1.758
quejas relacionadas con la Dependencia pidiendo la intermediación y el amparo ante las Administración valenciana.
Queremos manifestar nuestra más profunda indignación por las repugnantes conversaciones entre Enrique Ortiz (Caso
Brugal ) y el sobrino del actual Presidente de la Cortes Valencianas, Juan Cotino, declaraciones que a las personas
dependientes y sus familiares nos suenan vomitivas, repulsivas y nauseabundas. En ellas no solo se reflejaba el
mangoneo y las actuaciones mafiosas para beneficiar a las empresas de gestión de residencias. Sino que también, se
reflejaba un desprecio inhumano hacia las personas dependientes y sus familias, tratándolas como trozos de carne con las
que comerciar.
Desde las Plataformas de la Dependencia vamos a exigir a la Fiscalía Anticorrupción, a tenor de los hechos que se han
conocido a través de las grabaciones telefónicas, que inicie una investigación de oficio, por si fueran constitutivas de
delito. Así como exigimos al Presidente de la Cortes Valencianas, Juan Cotino, que presente su dimisión inmediata y al
Honorable President Alberto Fabra que lo cese de manera fulminante de su puesto, pues dicha persona no es digna de
ostentar el cargo que representa ante las instituciones valencianas.
Por la derogación del Decreto de COPAGO (REPAGO) y la Orden dictadas por el Gobierno Valenciano, por ser
INJUSTAS
E ILEGALES.
EN VALENCIA A 17 DE JULIO DE 2014
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