El ministerio público quiere saber si se cometió prevaricación y tráfico de influencias
EL PAÍS / AGENCIAS Valencia 24 JUL 2014 - 11:41 CEST4
El político popular Juan , a principios de julio. / G. GRILLO (EFE)
La Fiscalía Anticorrupción de Valencia investiga desde el pasado 16 de julio unas adjudicaciones a las empresas Savia y Gerocentros del Mediterráneo en 2009 por valor de 15 millones de euros. Estas sociedades, dedicadas a la gestión de centros de mayores, están participadas por SedesaCotino, la empresa vinculada a la familia del presidente de Les Corts, Juan Cotino, y que en la actualidad preside su sobrino Vicente Cotino. El ministerio público, que recibió a principios de julio una denuncia del grupo parlamentario de Esquerra Unida (EU), cree que los contratos públicos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El popular Juan Cotino era el consejero de Bienestar Social en el momento de los hechos ivestigados.
EU aportó con su denuncia los expedientes de las adjudicaciones, así como las transcripciones de unas escuchas entre los empresarios Vicente Cotino y Enrique Ortiz, que es uno de los imputados en el caso Brugal.
Tras conocer la resolución de Fiscalía, la diputada autonómica de EU Esther López Barceló ha manifestado su "alegría" por la apertura de diligencias. La política del grupo de izquierdas espera que "se llegue hasta el final" y que se depuren todas las responsabilidades penales y políticas. Éstas últimas, en su opinión, "tendrían que haberse asumido ya por parte del señor Cotino, quien tendría que haber abandonado hace mucho tiempo su cargo como presidente de las Corts".
"Las adjudicaciones se produjeron mediante un procedimiento negociado sin publicidad, el cual también se ha repetido recientemente, en 2013 siendo ya la consellera Sánchez Zaplana, aumentando la cantidad a 22 millones de euros y de nuevo recayendo muchas de las adjudicaciones en las empresas vinculadas a la família Cotino", asevera la parlamentaria a través del comunicado. Barceló cree que los valencianos necesitan "una limpieza" de sus instituciones, ya que hechos como este "dan la imagen de una Administración al servicio de una red clientelar y familiar".
La primera reacción por parte de la Generalitat ha venido de boca del consejero de Sanidad, Manuel Llombart, que ha recordado que aún no hay ningun procedimiento abierto, aunque ha admitido que al Consell "le precupa cualquier cosa infvestigada por la Fiscalía". Sin embargo, según él, lo único que hay es una información llegada a las manos de la Fiscalía Anticorrupción, que tiene "la obligación de verla".
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