RAJOY CABRON BASTA YA!!

domingo, 17 de marzo de 2013
Dependencia: entre los recortes y la privatización

Rajoy ha dinamitado la Dependencia, el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que ha ayudado ya a 1.400.000 ancianos y discapacitados: ha reducido a la mitad la aportación pública y ha permitido a las autonomías que hagan recortes drásticos en los servicios. Además, las autonomías (más las gobernadas por el PP) han optado por dos medidas privatizadoras. Una, subir el copago a los dependientes, del 16% actual al 40% y hasta el 90%. La otra, favorecer el cheque-servicio: dan un dinero (de 426 a 715 euros) para que las familias busquen una residencia o servicio privado. Una opción que crece imparable en Extremadura, Aragón, Castilla León y Galicia. Y alientan el miedo de que la Administración no puede pagar la Dependencia, para que las familias contraten seguros privados. Algo falso: se puede y se debe atender a ancianos y discapacitados. Pero hay que financiarlo bien.
enrique ortega

La Ley de Dependencia, en vigor desde enero de 2007, fue la niña bonita de Zapatero, que la aprobó en pleno boom y no se preocupó de financiarla bien. Pero nunca le gustó a Rajoy ni al PP, quizás porque su ideología no comulgaba con que el Estado se ocupara de ayudar a los 3 millones de ancianos y discapacitados dependientes (“para eso están su familia o la beneficencia, como siempre”). Por eso, el primer parón de la Ley se dio en mayo de 2011, cuando el PP copó la mayoría de autonomías. Y al llegar al Gobierno, Rajoy dinamitó la Ley en sólo ocho meses: en diciembre mismo dejó fuera (hasta julio de 2005) a los dependientes moderados (412.020 solicitudes), en marzo recortó 283 millones para la Dependencia (Presupuestos 2012) y el 13 de julio aprobó un decreto con más recortes que desmantelaba 14 artículos básicos de la Ley de Dependencia.

El cambio fundamental de Rajoy ha sido estrangular financieramente la Dependencia, recortando unos 1.000 millones del Estado entre 2012 y 2013. Con ello, la aportación del Estado se reduce a la mitad: del 39,2% en 2009 pasó a financiar el 21,4% en 2012, a costa de las autonomías (del 50.8% al 62,6%) y los dependientes (pagan del 10 al 16%). A cambio de darles menos recursos, el Gobierno permite a las autonomías que ellos recorten servicios y derechos, pero no tanto y de forma desigual. Así, en 2012, les quita 370 millones y les permite recortes por 305. Y además, recorta más a las autonomías que lo están haciendo mejor (Castilla y León, la Rioja, Madrid y Asturias) y menos a las que gestionan peor (Canarias, Baleares y Murcia), según el Observatorio de la Dependencia.

Con esta menor aportación del Estado central, aumenta más la desigualdad de atención entre unas autonomías y otras, ya importante. Las que lo hacían mal, suspendidas por el Observatorio de la Dependencia, acaban teniendo menos recursos y lo harán peor: Comunidad Valenciana (nota: 0,8 sobre 10), Canarias (2,1), Baleares (2,5) y Murcia (3,3). Y las que lo hacían bien (Castilla y León, con 9,2 de nota, Andalucía, 7,5 y País Vasco, 7,1), sufrirán más el recorte de fondos y tendrán que hacerlo peor. Y entre todas, recortarán otros 666 millones entre 2012 y 2013 (en total, -1.666 millones de gasto público en Dependencia). 

Desde agosto, las familias de los dependientes ya sufren los recortes de unos y otros. Por un lado, a los 423.000 cuidadores no profesionales de ancianos y discapacitados (la mayoría mujeres) ya no les paga el Estado la Seguridad Social (160 euros) y 150.000 se han dado de baja. Además, las autonomías les han recortado un 15% o más (Valencia un 70%) la paga que les daban por atender a dependientes (unos 400 euros, ahora 55 € menos al mes). Otros recortes afectan a la atención a los dependientes: se empeoran y reducen los servicios (sobre todo la ayuda a domicilio), no se permite más de un servicio por dependiente, se simplifican los baremos (de 6 a 3, lo que reduce las ayudas) y se endurecen los criterios (revisando incluso niveles), se permite retrasar hasta 2 años las ayudas sin generar atrasos y se sube el copago por todos los servicios.

Esta medida, subir el copago del 16% actual a una franja del 40 al 90% del coste de los servicios es la principal vía de privatización de la Dependencia. Las autonomías están decidiendo los porcentajes (tienen hasta junio), pero va a suponer un gran coste para la mayoría de las familias con dependientes, los que tengan rentas superiores a 532 euros al mes (contando la pensión y un 5% del valor de su vivienda). Un par de ejemplos. Un jubilado con 618 euros de pensión y una vivienda tasada en 90.000 euros pasará de pagar 462 euros por una residencia a 892. Y un jubilado con 900 euros que tenga 60 horas de ayuda a domicilio pasará de pagar 39 euros al mes a 244. Si no puede, lo pagará su familia cuando muera: si el copago es mayor que la pensión, el dependiente genera una deuda con la Administración que heredará su familia con cargo a la vivienda del dependiente.

Unas autonomías van a ser más duras con el copago y otras están pensando en otra vía de privatización: el cheque-servicio, un dinero que se da al dependiente (entre 426 y 715 euros al mes) para que él o su familia elijan con quien contratan el servicio (residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia). Con ello, la autonomía se quita el problema de tener que ofrecer servicios (públicos o concertados) e invertir en centros y plantillas. Esta modalidad, llamada “prestación económica vinculada al servicio”, está en la Ley, pero era marginal. En los últimos meses, su importancia se ha disparado en cuatro autonomías del PP: Extremadura, Castilla y León, Aragón y Galicia (en las tres primeras, era ya en febrero la segunda prestación).

Este cheque-servicio, denunciado ya por Andalucía y Asturias, tiene dos problemas: uno: que no son las familias las que eligen residencia, sino las residencias quien eligen dependiente (el que pueda pagar más servicios). Y dos, que si la dependencia se convierte en un negocio, ¿quién atenderá a los dependientes de las zonas rurales, donde hay menos demanda y ancianos o discapacitados con menos recursos?. Acabaríamos con una Dependencia dual: privada para ricos (de ciudad) y pública para pobres (y de campo). 

Lo que está claro es que la Dependencia, tal como está financiada, está tocada de muerte y condenada a los recortes y a las listas de espera. A finales de febrero, casi un millón de dependientes (983.154) tenía reconocida una prestación, pero sólo 755.374 recibían ayuda (sólo un 13,18% para una residencia, un 13,07% para ayuda a domicilio, el 6,96% para centros de día, un 13,37% para teleasistencia y la mayoría, el 54,4% reciben una ayuda económica, más barata que una residencia o un servicio). Los demás, 227.780 dependientes están a la espera de recibir ayuda, aunque la tienen reconocida. La mitad tienen más de 80 años y muchos se mueren antes de que les llegue.

Con este panorama, muchos alientan el temor de que la Dependencia (como las pensiones) no se pueda pagar. Y con ello, las aseguradoras están lanzando seguros privados de dependencia, caros y poco útiles para dependientes (sólo valen para los sanos). La solución no es privatizar la dependencia, sino financiarla bien. Se puede: costó 6.750 millones en 2012, muy lejos del coste de las pensiones (121.556 millones) o la sanidad (88.828 millones). Y se debe: tenemos una deuda con nuestros mayores y discapacitados, además de ser uno de los sectores con más potencial de crecimiento y empleo.

Para financiarla bien, primero hay que apuntalarla, con un crédito extraordinario que recupere los 2.000 millones perdidos desde 2011 (el Gobierno acaba de aprobar uno de 2.200 millones para tapar el agujero eléctrico). Luego, buscar ingresos estables y suficientes, vía impuestos o recargo en las cotizaciones, para hacer frente a un gasto que se va a disparar: en 2050 habrá 15 millones de ancianos, el doble que ahora, y un 46% necesitarán atención, según el CSIC, con lo que habrá 7 millones de dependientes. Y algo tendremos que pagar con nuestros ahorros, por lo que debe mejorar el trato a los planes de pensiones privados.

Algo hay que hacer y ya, para hacer frente a un grave problema que no se resuelve ni con recortes ni con privatizaciones. Tras toda una vida, no podemos dejar tirados a nuestros mayores: ayudarles es una prioridad de todos. No miremos para otro lado.