 El Informe anual de la Oficina del Defensor del Pueblo de 2012 constata la ineficaz gestión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en unaAndalucía, con un 35,86 por ciento de tasa de paro al cierre de 2012 según la Encuesta de Población Activa, lidera esta estadística a nivel nacional. En dicho informe, se recoge que «son múltiples las quejas –colectivas– que recibimos como consecuencia de la paralización de programas, planes y medidas instrumentales de aplicación en el ámbito sectorial de las políticas activas de empleo». Laas quejas más graves se refieren al impago de becas desde el año 2008, esto es, hace más de cuatro años.
Retrasos de cuatro años en el pago de becas
Aclara que «es común a estos expedientes de un lado la falta de liquidez de las Administraciones públicas concedentes en general y promotoras en particular, para afrontar el pago de las ayudas y subvenciones ya concedidas, ello por diversas causas –en ocasiones contables-, se está a la espera de recibir parte del Fondo de Liquidez para las Autonomías, detectándose casos en los que incluso se ha producido la adopción de actitudes y comportamientos próximos a lo que sería una praxis viciada en el ámbito mercantil privado, extinguiéndose la entidad y personalidad jurídica de las entidades»
Pero en 2008 n siquiera existía este Fondo y no se admitía la realidad de la crisis económica. Sin embargo, "en el expediente de queja 12/2939 el interesado había solicitado el pago de becas por realización de cursos de formación para el empleo. Algunas pendientes de pago por el Servicio Andaluz de Empleo por cursos realizados desde el año 2008, por lo que le preocupaba la posible prescripción», recoge el documento. Es decir, pagos pendientes después de transcurrir cuatro años –el informe es relativo a datos de 2012–, por lo que la excusa de la crisis queda en evidencia.
La Junta no paga ni de los fondos que recibe del Estado y la Unión Europea desde hace incluso cinco años
Además, el informe del Defensor del Pueblo Andaluz refiere que «una Asociación de centros especiales de empleo que agrupa a 131 Centros, con más de 5000 trabajadores en su plantilla, de los cuales más del 70% son personas con discapacidad y por tanto con especiales dificultades de inserción laboral, denunciaba el grave riesgo en que la Junta de Andalucía había puesto a estas empresas que vienen desarrollando su actividad en múltiples sectores productivos, como consecuencia de los importantísimos y generalizados retrasos en la percepción de los incentivos, tanto por creación como por mantenimiento de puestos de trabajo para las personas con discapacidad, siendo en algunos casos las deudas pendientes hasta del año 2007». Cinco años de retraso, antes de la crisis.
Más grave aún, destaca La Razón, es que lo que la Junta no paga ni tan siquiera son fondos autonómicos, sino que llegan a la Junta de Andalucía desde la Unión Europea y desde el Estado. «Esta situación ha provocado una deuda entre estos y la Junta de Andalucía de más de 70 millones de euros, dejando a los centros en una precaria situación económica que está ocasionando en muchos casos recurrir a la reducción de plantilla como medida de subsistencia y en los casos mas graves a el cierre del centro de trabajo».
El conflicto que mantienen las empresas de formación por los impagos de la Administración andaluza también ha llegado al Defensor. «El gerente de un centro especial empleo, se nos exponía que la Junta no les había hecho efectivas subvenciones desde el segundo cuatrimestre de 2011 y unas ampliaciones del 2010, esto les ocasionaba retrasos en los pagos de las nóminas de los trabajadores pese a que intentaban que no fuera así. Las subvenciones suponían aproximadamente el 30% del sueldo, por lo que si fuera por la Junta debería –el citado centro– a sus trabajadores 5 o 6 nóminas, lo que les ocasionaba cuantiosos gastos bancarios adicionales».
La situación de las empresas de formación, lejos de arreglarse, empeora. La deuda de Empleo asciende «a un total de 15 millones de euros» correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011. El año pasado ni tan siquiera hubo convocatoria.
El Defensor del Pueblo recoge en su informe 7.239 quejas, lo que supone un «significativo aumento» respecto a 2011, cuando se presentaron 6.303 reclamaciones. Chamizo atribuyó este incremento «a la crisis económica».
«La clase media está agotada por el peso de la crisis»
El Defensor del Pueblo en funciones propuso ayer la creación de una ley de segunda oportunidad para ofrecer a los deudores «pagar sus deudas de forma ordenada y en plazos razonables», así como la puesta en marcha de un fondo especial de solidarida social «destinado a dotar de un mínimo de financiación a los recursos públicos y privados, dirigida a la atención de los colectivos sociales más perjudicados por la crisis económica». Aseguró que «la clase media está agotada por el peso de la crisis». |
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