Los peores presagios comienzan a cumplirse, de la manera más cruda, en relación a la situación de losdependientes en España. El desmantelamiento paulatino de la Ley de Dependencia, con los recortes presupuestarios impulsados en julio del pasado año, ya ha comenzado a mostrar las peores consecuencias en el arranque de este 2013. En lo que va de año, alrededor de 400.000 dependientes que debían haber accedido al sistema de ayudas han visto mutilados parte sus derechos.
Los ajustes de la Ley de Dependencia en España, precisamente, deben interpretarse como un recorte directo a los derechos básicos de un colectivo tan sensible que, a diciembre de 2011, por ejemplo, gozaba de un presupuesto global de 1.700 millones de euros en concepto de ayudas. Desde hace 50 días se vislumbra la aplicación de esa merma, con una cifra real que ha descendido hasta alcanzar los 1.170 millones.
El tijeretazo, que supone aproximadamente un 30% menos de recursos para los dependientes, no sólo se traslada ya mismo a los hogares de familias desesperadas. Hay otras dos aristas fundamentales a tener en cuenta, que tornan más dramático el asunto.Cerca de 150.000 cuidadores familiaresque estaban incluidos en los programas de Dependencia han perdido su cotización a la seguridad social.
Y la ‘burocratización’ del tema, con el objetivo de trabar y obstaculizar las peticiones de ayudas, supera todo límite tolerable. El retraso en la tramitación de expedientes por parte de la Administración central, cuyas peticiones deben ser formuladas por las Comunidades autónomas, muestra una deplorable gestión de ambas partes en muchos casos (como en el de Valencia, por mencionar sólo uno).
Mientras se pasa la pelota de unos a otros, los supuestos beneficiarios de los programas siguen esperando en vano sondas, inhaladores, pañales, rehabilitadores, logopedas… No se trata de que las familias mendiguen, ni mucho menos, fondos públicos tan necesarios para afrontar, en muchísimos de los casos, cuadros límites para pacientes con hasta un 100% en el grado de dependencia. Deben acceder cuanto antes a programas vitales que, en infinidad de circunstancias, muestran una paralización absoluta y dictámenes de resolución que nunca llegan o permanecen en el limbo. Es lamentable que la efectividad del sistema dependa, en cierto modo, de la agilidad de cada Comunidad al gestionar los trámites.
El Informe sobre el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), elaborado por el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno central hace apenas semanas, habla por sí solo. Todas las cifras y números aquí citados no son arbitrarios, sino que se desprenden de ese trabajo. Al compararlo con los datos de ejercicios anteriores, sólo hay una certeza: la calidad de la atención y cobertura pública para dependientes viene desplomándose mes a mes. El Ejecutivo exhibe, a fecha del 31 de enero pasado, las cifras de una situación que (por otra parte) ha impulsado como artífice de los recortes.
El panorama es sombrío: la partida destinada a las comunidades autónomas (lo que el Gobierno financia por cada dependiente) ha perdido 200 millones de euros este año y bordeará, en total, los poco más de 1.100 millones referidos (300 millones menos que, según expertos, como mínimo se necesitan para atender dignamente al número de personas que aún no fueron excluidas del sistema). Ese número de pacientes crecerá durante todo este año hasta alcanzar los 850.000, según estimaciones de Sanidad. La ecuación pone los pelos de punta: más dependientes excluidos, nuevos pacientes que querrán incorporarse a un sistema colapsado, y menos fondos.
Todo eso obviamente conduce a un escenario más desgraciado aún en el futuro inmediato: caída arbitraria en el número de beneficiarios, descenso de calidad de las atenciones, prioridad de las más utilitarias, ydesmantelamiento posterior de la red de centros, servicios sociales y consiguientes puestos de trabajo. Ante esta somera radiografía de la situación de los dependientes, uno vuelve a preguntarse cómo el plan de austeridad, ajustes y recortes tan férreo del Gobierno puede superar toda frontera de la sensatez, al excluir cada vez más a los que menos tienen.
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