Los dependientes defienden que hay margen legal para seguir subvencionando los fármacos
El Consell retiró oficialmente el mes pasado la gratuidad del acceso a los medicamentos para las personas con discapacidad. Lo justificó con el argumento de que le obligaba a ello el Gobierno de Mariano Rajoy. En concreto, las medidas de recorte sanitario adoptadas por el Ministerio que dirige Ana Mato recogidas en un decreto del mes de abril del año pasado.
Sin embargo, el Gobierno no obligaba a la Generalitat a retirar las ayudas a la compra de medicamentos para este colectivo. Así lo entienden las plataformas valencianas en defensa de la ley de dependencia, que han remitido al consejero de Sanidad, Manuel Llombart, un análisis jurídico en el que defienden que la decisión del Consell fue política y en el que exigen que se de marcha atrás a la medida.
Es cierto que el Real Decreto Ley 16/2012 introduce con carácter general a la población el copago farmacéutico. Pero también es verdad que la norma incluye excepciones. Entre ellas, la que afecta a "personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su norma específica".
¿Qué decía la norma específica de la Comunidad Valenciana a la que alude la excepción? La ley sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad contemplaba la gratuidad de los fármacos para los menores de 18 años con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% o para los mayores de edad con más del 65%. Lo hacía en un párrafo del artículo 16 de la ley que el Ejecutivo valenciano eliminó con la excusa de que se lo imponía el real decreto del Ministerio de Sanidad.
Por ello, las plataformas, en un informe, sostienen que la norma estatal "no obliga a implantar copago alguno a las comunidades autónomas, sino todo lo contrario: contempla como excepción a personas con discapacidad". Y que esta salvaguarda protegía a las personas discapacitadas si la Generalitat hubiera tenido la voluntad de excluirlas del copago. Por ello, "la derogación de la gratuidad de la prestación farmacéutica es fruto de una decisión política: no hay imposición estatal".
Llombart se comprometió a tramitar en 15 días la anulación de la medida que obligaba a pagar por los medicamentos a las personas con discapacidad si los afectados le demostraban que la iniciativa impulsada por su departamento no se ajustaba a derecho. Este jueves, las plataformas han presentado en la Consejería de Sanidad el análisis jurídico que, sostienen, demuestra que la Generalitat podía haber mantenido la subvención de los fármacos. El consejero tiene 15 días para dar una respuesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario