Las familias creen que la normativa "vulnera los derechos fundamentales" de estos alumnos
CRISTINA FERNÁNDEZ MÁLAGA | ACTUALIZADO 09.07.2016 - 01:00
Alejandro tiene 21 años y diversidad funcional. Hasta hace un mes estudiaba primer curso de un programa específico de FP Básica en el IES Universidad Laboral. Sin embargo, la normativa existente lo echará del sistema educativo y, sin no hay novedad de última hora, le impedirá matricularse en el segundo curso. Esto significa que se queda sin conseguir el certificado de profesionalidad reconocido en el ámbito europeo. Se esperaba la intervención de la Consejería de Educación con la publicación de instrucciones que permitiesen a Alejandro y a sus compañeros continuar con su formación. Sin embargo, el plazo de matriculación termina el lunes y no ha habido novedades. Las familias creen que se trata de una "vulneración de los derechos fundamentales" por razón de discapacidad.
"A mi hijo le están impidiendo que adquiera una formación para el empleo, me parece una vergüenza que no le dejen seguir estudiando", critica Carmen Morales, madre de Alejandro y presidenta de la asociación nacional Solcom. "No han sacado ninguna instrucción que diga lo contrario y con la normativa del 9 de junio de 2015 en la mano se les echa a la calle", agrega Morales. Esta madre habla de la incongruencia de la norma ya que "se refiere a unidades o centros de educación especial de los cuales no se obtienen certificados de profesionalidad". Y otro agravante, señala, es que algunos alumnos que cursan esta FP Básica comenzaron con los programas de PCPI. "Cuando Alejandro y su grupo empiezan a estudiar, los menores de 22 podían entrar. Eso en 2008 y ahora sacan una orden el año pasado que cambia las condiciones con las que ellos accedieron al estudio y les perjudica, no se comprende", añade la presidenta de Solcom. También apunta que "si la orden deja entrar a los alumnos hasta con 19 años y pueden repetir dos veces cada curso, podrían salir con 25 y, sin embargo, ponen el límite en los 21".
Los cinco alumnos afectados han entregado su solicitud de matrícula pero "el centro ya nos ha transmitido que no hay novedad", por lo que suponen que saldrán como no admitidos en la lista.
"A mi hijo le están impidiendo que adquiera una formación para el empleo, me parece una vergüenza que no le dejen seguir estudiando", critica Carmen Morales, madre de Alejandro y presidenta de la asociación nacional Solcom. "No han sacado ninguna instrucción que diga lo contrario y con la normativa del 9 de junio de 2015 en la mano se les echa a la calle", agrega Morales. Esta madre habla de la incongruencia de la norma ya que "se refiere a unidades o centros de educación especial de los cuales no se obtienen certificados de profesionalidad". Y otro agravante, señala, es que algunos alumnos que cursan esta FP Básica comenzaron con los programas de PCPI. "Cuando Alejandro y su grupo empiezan a estudiar, los menores de 22 podían entrar. Eso en 2008 y ahora sacan una orden el año pasado que cambia las condiciones con las que ellos accedieron al estudio y les perjudica, no se comprende", añade la presidenta de Solcom. También apunta que "si la orden deja entrar a los alumnos hasta con 19 años y pueden repetir dos veces cada curso, podrían salir con 25 y, sin embargo, ponen el límite en los 21".
Los cinco alumnos afectados han entregado su solicitud de matrícula pero "el centro ya nos ha transmitido que no hay novedad", por lo que suponen que saldrán como no admitidos en la lista.
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