La Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia denuncia que con Rajoy han muerto 127.000 personas sin recibir la ayuda que les correspondía por ley.
Silla de ruedas
E.B. / 11-05-2016 • 08:45
La Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia (LAPAD) ha hecho público un duro comunicado para mostrar suindignación por las declaraciones que hizo este lunes en Cádiz la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, quien después de defender la necesidad de un gran pacto por los servicios sociales, presumió de la “clara vocación social” del Ejecutivo de Mariano Rajoy, del que dijo que “prioridad ha sido mantener en estos años de crisis el Estado de Bienestar”.
LAPAD desmiente de “forma categórica todo lo dicho por la señora Camarero, que parece desconocer la realidad por la que pasa el colectivo de las personas en situación de dependencia desde que su partido llegó al Gobierno de España” y a continuación denuncia que “durante la Legislatura del señor Rajoy, se han recortado más de dos mil millones de euros en el presupuesto destinado a atender a este colectivo” y “127. 000 dependientes han fallecido sin llegar a recibir la prestación que por Ley ya tenían reconocida”.
Además, la coordinadora asegura que “más de 400.000 personas valoradas como Grado l (dependientes moderados) han visto retrasado su inclusión en el sistema hasta julio de este mismo año.
Acuciados por las deudas
También alerta este colectivo de que “los copagos a los que las personas en situación de dependencia tienen que hacer frente, obligan a muchos de ellos a renunciar a sus derechos al no poder afrontarlos económicamente. Explicando que “cientos de familiares de dependientes ya fallecidos tienen hasta que renunciar a sus herencias por las deudas que sus familiares han contraído en la atención residencial (según la Administración), que en algunos casos llega a los 90.000 euros, debido a la hipoteca inversa que han establecido, mientras el padre del señor Rajoy sigue cuidado en Moncloa a costa del dinero de todos”.
Dicha coordinadora también recrimina al Gobierno ‘popular’ que “83.000 dependientes han perdido su prestación de cuidados en el entorno familiar, dependientes que necesitan de una tercera persona para cualquier actividad vital durante 24 horas al día y 365 días al año.
Igualmente, esta asociación que defiende los derechos de los dependientes denuncia que “ la persecución y descrédito a los que el Partido Popular ha sometido a los cuidadores del entorno familiar, que dedican su vida a atender a su familiar en situación de dependencia (la mayoría de ellos grandes dependientes), y que han perdido su cotización a la Seguridad Social después del maldito Decreto de julio de 2.012” una medida tras la cual cuidadores quedaron “abandonados a su suerte en el futuro sin derecho a pensión de jubilación, algo que creará un inmenso ejército de personas (93% mujeres) en situación de pobreza y exclusión social”.
Y es que en opinión de LAPD El Partido Popular ha roto el espíritu de la propia Ley, “en la que se recogía la obligación por parte del Estado a financiar de forma paritaria la atención a la dependencia. En estos momentos, el Estado aporta aún menos que los propios dependientes a través de los copagos. El Estado aporta un 17%, los dependientes, el 19%, y las autonomías aportan el resto, lo que las asfixia económicamente”.
Tras esta contundente exposición de la situación que vive el colectivo de dependientes, la Coordinadora echa mano de la ironía al señalar que “si eso es que entiende la señora Camarero y su partido por el gran compromiso social del Gobierno por las personas en situación de dependencia, preferimos que no se comprometan tanto” ya que “casi han acabado con nosotros”.
Sin embargo, si consideran que es necesario un gran pacto por los servicios sociales y la dependencia, “pero no como el Partido Popular entiende”, ya que lo reclaman es “ un gran Pacto de Estado que aúne criterios de valoración y una cartera de servicios igualitaria, que los derechos sociales sean blindados en nuestra Constitución, y una financiación suficiente para la atención a las personas en situación de dependencia; en definitiva, necesitamos (con urgencia) un cambio radical en las políticas sociales del país”.
LAPAD deja clara su opinión sobre las declaraciones de la secretaria de Estado al afirmar que “nos asquea que cuando llegan las campañas electorales, se les llene la boca hablando de discapacidad y dependencia; buscando siempre la foto al lado de una silla de ruedas, olvidando que al ocupante de esa silla le ha recortado en sus derechos y su futuro. Y concluye el comunicado con un mensaje directo que también puede entenderse en clave electoral: “Lo que necesita este colectivo es “un Gobierno que se acuerde de los dependientes después de las elecciones, y ese desde luego, no ha sido el caso del Partido Popular”.
LAPAD desmiente de “forma categórica todo lo dicho por la señora Camarero, que parece desconocer la realidad por la que pasa el colectivo de las personas en situación de dependencia desde que su partido llegó al Gobierno de España” y a continuación denuncia que “durante la Legislatura del señor Rajoy, se han recortado más de dos mil millones de euros en el presupuesto destinado a atender a este colectivo” y “127. 000 dependientes han fallecido sin llegar a recibir la prestación que por Ley ya tenían reconocida”.
Además, la coordinadora asegura que “más de 400.000 personas valoradas como Grado l (dependientes moderados) han visto retrasado su inclusión en el sistema hasta julio de este mismo año.
Acuciados por las deudas
También alerta este colectivo de que “los copagos a los que las personas en situación de dependencia tienen que hacer frente, obligan a muchos de ellos a renunciar a sus derechos al no poder afrontarlos económicamente. Explicando que “cientos de familiares de dependientes ya fallecidos tienen hasta que renunciar a sus herencias por las deudas que sus familiares han contraído en la atención residencial (según la Administración), que en algunos casos llega a los 90.000 euros, debido a la hipoteca inversa que han establecido, mientras el padre del señor Rajoy sigue cuidado en Moncloa a costa del dinero de todos”.
Dicha coordinadora también recrimina al Gobierno ‘popular’ que “83.000 dependientes han perdido su prestación de cuidados en el entorno familiar, dependientes que necesitan de una tercera persona para cualquier actividad vital durante 24 horas al día y 365 días al año.
Igualmente, esta asociación que defiende los derechos de los dependientes denuncia que “ la persecución y descrédito a los que el Partido Popular ha sometido a los cuidadores del entorno familiar, que dedican su vida a atender a su familiar en situación de dependencia (la mayoría de ellos grandes dependientes), y que han perdido su cotización a la Seguridad Social después del maldito Decreto de julio de 2.012” una medida tras la cual cuidadores quedaron “abandonados a su suerte en el futuro sin derecho a pensión de jubilación, algo que creará un inmenso ejército de personas (93% mujeres) en situación de pobreza y exclusión social”.
Y es que en opinión de LAPD El Partido Popular ha roto el espíritu de la propia Ley, “en la que se recogía la obligación por parte del Estado a financiar de forma paritaria la atención a la dependencia. En estos momentos, el Estado aporta aún menos que los propios dependientes a través de los copagos. El Estado aporta un 17%, los dependientes, el 19%, y las autonomías aportan el resto, lo que las asfixia económicamente”.
Tras esta contundente exposición de la situación que vive el colectivo de dependientes, la Coordinadora echa mano de la ironía al señalar que “si eso es que entiende la señora Camarero y su partido por el gran compromiso social del Gobierno por las personas en situación de dependencia, preferimos que no se comprometan tanto” ya que “casi han acabado con nosotros”.
Sin embargo, si consideran que es necesario un gran pacto por los servicios sociales y la dependencia, “pero no como el Partido Popular entiende”, ya que lo reclaman es “ un gran Pacto de Estado que aúne criterios de valoración y una cartera de servicios igualitaria, que los derechos sociales sean blindados en nuestra Constitución, y una financiación suficiente para la atención a las personas en situación de dependencia; en definitiva, necesitamos (con urgencia) un cambio radical en las políticas sociales del país”.
LAPAD deja clara su opinión sobre las declaraciones de la secretaria de Estado al afirmar que “nos asquea que cuando llegan las campañas electorales, se les llene la boca hablando de discapacidad y dependencia; buscando siempre la foto al lado de una silla de ruedas, olvidando que al ocupante de esa silla le ha recortado en sus derechos y su futuro. Y concluye el comunicado con un mensaje directo que también puede entenderse en clave electoral: “Lo que necesita este colectivo es “un Gobierno que se acuerde de los dependientes después de las elecciones, y ese desde luego, no ha sido el caso del Partido Popular”.
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