El sindicato UGT asegura que los cambios introducidos en el proceso de gestión de las subvenciones provocarán un nuevo «cuello de botella»
13.05.2016 | 00:30
J. SIERRA | VALENCIA La Federación de Servicios Públicos de UGT ha denunciado que la Generalitat Valenciana mantiene sin resolver unas 5.000 solicitudes de ayudas a las dependencia que ya han sido valoradas por el personal técnico. El retraso acumulado está provocando que, en la actualidad, se estén concediendo las solicitadas en 2012 y 2013, según el sindicato.
FSP-UGT advierte además de que los cambios realizados por la conselleria en el sistema de valoración de las solicitudes sobrecargan los «saturados» servicios municipales y crearán un cuello de botella en la propia conselleria.
El «excesivo retraso», destacan, ha sido acreditado por el Síndic de Greuges en numerosas ocasiones y acumula «quejas recientes» de 2015 sobre demoras «que en algunos casos alcanzan los 45 meses y hasta 65 meses en un caso concreto. Y ello, a pesar de tratarse de grandes dependientes, especialmente de solicitudes de revisión.
«Hay retrasos incluso para presentar la solicitud», aseguran en un comunicado en el que también explican que en algunos municipios hay que esperar hasta dos meses para poder hablar con los trabajadores sociales que deben realizar el primer informe y que a veces no se resuelve hasta pasados «tres o cuatro meses».
Después se envía a la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas «donde se tarda hasta seis meses para grabar la solicitud de aplicación informática, y pueden pasar hasta ocho meses más para que se envié al domicilio al valorador de la dependencia».
Finalmente, la Comisión de Dependencia de la Conselleria realiza su dictamen. Todo este largo proceso se ve agravado, según UGT, por la infradotación y escasez de personal en los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia.
El sindicato critica que la conselleria descargue las responsabilidades en los municipios «sin dotarlos antes de los medios personales y materiales necesarios para asumir estas competencias, les exige que dote al sistema de personal suficiente„muchos ni siquiera tienen jornada completa„, «tome conciencia de la compleja labor de los técnicos implicados y que no los trate como meros tramitadores de expedientes».
«Veto» al personal sanitario
La decisión de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de asignar exclusivamente a los trabajadores sociales la valoración de la dependencia, «excluyendo a otros profesionales cualificados ha contribuido, en opinión de este sindicato, a retrasar las valoraciones y la tramitación de las peticiones.
En este sentido recuerdan que el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incluyó entre el personal cualificado que podía valorar la dependencia a titulados en medicina, psicología, terapia ocupacional, enfermería o fisioterapeutas.
UGT denuncia este «veto» a otros profesionales cualificados para realizar la valoración de la dependencia y confía en que la conselleria «rectifique» y abra la valoración a otros perfiles profesionales.
Añade que mientras la conselleria se afana en descentralizar competencias en los municipios, sin dotarlos de medios y personal adecuados, «manifiesta un centralismo exagerado por controlar a los órganos de valoración y manteneros exclusivamente en los servicios centrales de la propia conselleria». Creen que esta centralidad contribuye a alimentar los retrasos en las ayudas.
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