Por Víctor Villar
Víctor Villar
Como muchos temas relativos a la discapacidad, el copago en dependencia y las diferentes posturas de las organizaciones sociales respecto a este problema apenas son conocidos. En este artículo, intentaremos arrojar luz sobre el asunto, desde un enfoque que raramente se trata en los medios de comunicación generalistas.
Con el Gobierno del PP el copago en dependencia llega a suponer el 90 por ciento. Esto quiere decir que alguna de las personas beneficiarias pagan hasta el 90 por ciento de las prestaciones de servicios del catálogo de prestaciones en dependencia. Por ejemplo, una prestación de cuidados en el entorno familiar pasa de más de 300 euros al mes a 39 euros mensuales.
Ante esta situación existen dos posiciones dentro del movimiento asociativo de personas con discapacidad o en situación de dependencia: de un lado está el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y por otro las Plataformas para la Defensa de la Ley de Dependencia y la UPADD (Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia).
En el caso del CERMI, su opción fue lanzar la campaña de recogida de firmas para una posible iniciativa legislativa popular bajo el lema “No al copago confiscatorio”. Según Luís Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, esta campaña pide los siguientes cambios legislativos: en primer lugar, se fija un tope máximo de copago del 60 por ciento en personas beneficiarias para que dispongan al menos de un 40 por ciento del IPREM (el IPREM es el indicador público de renta de efectos múltiples, un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros). Este índice nació en el año 2004 para sustituir al salario mínimo interprofesional como referencia para estas ayudas. Teniendo en cuenta que en el año 2016 el IPREM fue congelado en 532,51 euros mensuales, eso quiere decir que el CERMI aboga por una reducción del 30% de copago actual y que así las personas beneficiarias tengan 213 euros disponibles al mes.
En segundo lugar, el CERMI, en su iniciativa popular, aboga por hacer una diferenciación entre discapacidad infantil y sobrevenida en la edad adulta ya que, según Luís Cayo, la persona con una discapacidad adquirida en la edad adulta “ha podido tener tiempo para acumular un patrimonio”.
Para comprender mejor lo que significarían estas dos medidas hemos de ofrecer dos datos comparativos relevantes que pondrán estas medidas en perspectiva. En primer lugar, hay que decir que las pensiones no contributivas para las personas con discapacidad oscilan entre los 367,90 euros mensuales (aquellas sin un plus por ayuda de tercera persona), y los 551,85 euros al mes (aquellas con un plus por ayuda de tercera persona). Esto significaría que ambas cantidades quedarían por encima de los 213 euros mensuales que propone el CERMI y por lo tanto supondría una reducción de entre 338,85 euros al mes y 154,9 euros mensuales de estas pensiones no contributivas.
En segundo lugar, hay que pensar que el caso anterior representaría la inmensa mayoría de casos de personas con discapacidad, ya que, según datos del Atlas Laboral de las Personas con Discapacidad del Grupo SIFU y de la Universidad de Sevilla, la tasa de paro de personas con discapacidad ha crecido hasta el 35 por ciento, tasa mucho mayor si sumamos aquellas personas no inscritas como demandantes de empleo. En 2013, solamente una de cada cuatro personas con discapacidad tenía empleo, o lo que es igual, la tasa de actividad era del 24,3 por ciento. La iniciativa legislativa popular del CERMI ya está admitida a trámite y se debatirá en la legislatura que se inicie después del 26J.
Vamos ahora con la posición de las Plataformas de Defensa de la Dependencia y de la UPADD. En primer lugar, en su comunicado emitido bajo el título “Ningún copago en Dependencia es justo”, estas dos organizaciones piden recuperar la inversión de 1.000 millones recortados en financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. Debido a esta falta de financiación, el calendario de aplicación de la ley está prácticamente paralizado, muchas personas siguen a la espera de cobrar la prestación que ya les ha sido concedida, y miles de ellas mueren cada año antes de percibir la paga.
En segundo orden de cosas, en este comunicado se aboga por un sistema público de atención a la dependencia completamente universal, sin ningún copago. Argumentan su posición equiparando esta modalidad al Sistema Público de Sanidad y de Educación, en los que no se cuestionan su universalidad.
Por otro lado, la UPADD va un paso más allá y exige el blindaje de ese mismo Sistema Público y Universal de Atención a la Dependencia. Para ello apuestan por una fórmula similar a la que se utilizó el 30 de marzo de 1995, en el Pacto de Toledo con el sistema de pensiones. Se pretende así proteger estas prestaciones de sucesivos cambios de Gobierno y convertir el Sistema de Atención a la Dependencia en un cuarto pilar del Estado del Bienestar, tal como fue concebido.
En cuanto a las reacciones fuera del Movimiento de Personas con Discapacidad y en situación de dependencia, así fueron las posturas de las principales organizaciones de la izquierda. Tanto en el PSOE como en Podemos el posicionamiento fue claro desde un principio: líderes como Pedro Sanchez y Juan Carlos Monedero hicieron públicas en las redes sociales su firma a la iniciativa legislativa popular del CERMI, mencionada anteriormente. Esto ocurrió así a pesar de los consejos de algunos de los cargos orgánicos del PSOE en varias provincias de distintas comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla La Mancha y Valencia, dirigentes que a su vez lo son o lo eran en ese momento de la UPADD o de las Plataformas de sus comunidades autónomas. Como hemos confirmado en la Revista Gurb, varios de estos dirigentes dejaron el PSOE, en parte, por este motivo.
En cuanto a IU, posiblemente por falta de información, su principal dirigente, Alberto Garzón, también hizo pública su firma a la iniciativa legislativa del CERMI, aunque participó con una foto en la campaña #NoHayCopagoJusto de las Plataformas y de la UPADD. Mientras, otras personas dirigentes de IU-Valencia, como Esther López Barceló, se decantaron por esta segunda campaña. También se decantaron únicamente por la campaña #NoHayCopagoJusto Compromís y cargos de UGT-Valencia.
Por último, para comprobar la gravedad del problema ante el que nos encontramos, analizaremos algunos datos facilitados por la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia (LAPAD). Las Plataformas denuncian que 127.000 personas dependientes murieron antes de recibir la prestación a la que tenían derecho. Esto quiere decir que estas personas, después de un largo periodo de tramitación y de que se las reconociera el derecho, murieron antes de que se hiciera efectiva la paga. Además, las fuentes apuntan que 400.000 personas “dependientes de Grado I, moderado” quedaron fuera del sistema, al retrasarse su inclusión. Finalmente, 83.000 dependientes han perdido su prestación de cuidados en el entorno familiar. Esto se hace en favor de una profesionalización del servicio, o lo que es lo mismo, la privatización del mismo por medio de la introducción de empresas privadas en su gestión.
El drama humano de las personas dependientes y de sus familias, según denuncia LAPAD, ha llegado hasta el punto de llegar a renunciar a los servicios debido al excesivo copago. También, cientos de familias de personas dependientes fallecidas han tenido que renunciar a herencias por las deudas contraídas en el pago de la atención residencial. Así está en la actualidad el grave problema de la dependencia y la discapacidad en España, un asunto casi desconocido para el gran público.
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