El PP, IU, C's y Podemos exigen a la Junta el abono "inmediato" de la deuda a los centros, que asciende a 5,5 millones de euros
CRISTINA DÍAZ | ACTUALIZADO 29.07.2015 - 14:30
Los cuatro grupos parlamentarios de la oposición exigen a la Consejería de Salud la retirada del nuevo plan de financiación de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT), que atienden en la provincia a unos 4.500 menores de 0 a 6 años -más de 17.500 en toda Andalucía- que padecen alguna discapacidad, además de parálisis cerebral, espina bífida, asperger, síndrome de Down y retraso madurativo, entre otros trastornos del desarrollo.
El acuerdo marco aprobado por la Junta y que cuenta con el rechazo de las plataformas de familiares establece que todos los CAIT que quieran seguir en el sistema deberán adherirse a un modelo de conciertos con unas condiciones económicas "inasumibles" e "insostenibles", según califican desde la plataforma. Además, con este plan, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) deriva la atención de los niños de 4 a 6 años a Educación, pasando a ser una responsabilidad de los colegios públicos.
Tras varias reuniones con los representantes de la plataforma ciudadana, el Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos registrarán mañana jueves una Proposición No de Ley para la retirada del acuerdo marco, solicitando, además, un proceso participativo en el que colaboren interlocutores sociales y profesionales del sector para la elaboración de un nuevo modelo para la Atención Temprana en Andalucía. La oposición, según señala el borrador de la Proposición No de Ley, también pide que la Atención Temprana sea una competencia exclusiva del SAS y el abono "inmediato" de la deuda que la Junta mantiene con los 169 centros de Atención Temprana, 35 de ellos en Sevilla.
Esta deuda, según la plataforma ciudadana, es de 5,5 millones de euros (2,7 millones sólo en Sevilla), más de la mitad del presupuesto aprobado por la Junta para 2015, que asciende a 10,9 millones. Antonio Guerrero, portavoz de la plataforma, alerta de que esta deuda ha provocado una situación de "asfixia económica". Como consecuencia, los trabajadores de algunos centros, como el CAIT de Morón, llevan seis meses sin cobrar sus nóminas.
"El descenso de la calidad del servicio significa en la práctica que aquellos padres que puedan permitirse un tratamiento privado recurran al mismo, mientras que los niños con familias sin recursos recibirán una atención temprana insuficiente para estimular sus capacidades", señala Esperanza Gómez, portavoz de Igualdad y Bienestar Social del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía.
Juanma Moreno, presidente del PP-A, también se pronunció ayer al respecto, insistiendo en que "el Gobierno andaluz debe dar una respuesta inmediata a un colectivo en una situación de doble vulnerabilidad, por ser menores, y por las necesidades especiales que precisan", apuntó. "No se puede gobernar de espaldas e ignorando las necesidades especiales de 19.000 familias".
La Junta, por su parte, defiende su acuerdo marco asegurando que sigue las recomendaciones técnicas elaboradas por el Real Patronato de Discapacidad. Aunque, como manifiestan desde la plataforma, no todos los niños sufren una discapacidad.
El acuerdo marco aprobado por la Junta y que cuenta con el rechazo de las plataformas de familiares establece que todos los CAIT que quieran seguir en el sistema deberán adherirse a un modelo de conciertos con unas condiciones económicas "inasumibles" e "insostenibles", según califican desde la plataforma. Además, con este plan, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) deriva la atención de los niños de 4 a 6 años a Educación, pasando a ser una responsabilidad de los colegios públicos.
Tras varias reuniones con los representantes de la plataforma ciudadana, el Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos registrarán mañana jueves una Proposición No de Ley para la retirada del acuerdo marco, solicitando, además, un proceso participativo en el que colaboren interlocutores sociales y profesionales del sector para la elaboración de un nuevo modelo para la Atención Temprana en Andalucía. La oposición, según señala el borrador de la Proposición No de Ley, también pide que la Atención Temprana sea una competencia exclusiva del SAS y el abono "inmediato" de la deuda que la Junta mantiene con los 169 centros de Atención Temprana, 35 de ellos en Sevilla.
Esta deuda, según la plataforma ciudadana, es de 5,5 millones de euros (2,7 millones sólo en Sevilla), más de la mitad del presupuesto aprobado por la Junta para 2015, que asciende a 10,9 millones. Antonio Guerrero, portavoz de la plataforma, alerta de que esta deuda ha provocado una situación de "asfixia económica". Como consecuencia, los trabajadores de algunos centros, como el CAIT de Morón, llevan seis meses sin cobrar sus nóminas.
"El descenso de la calidad del servicio significa en la práctica que aquellos padres que puedan permitirse un tratamiento privado recurran al mismo, mientras que los niños con familias sin recursos recibirán una atención temprana insuficiente para estimular sus capacidades", señala Esperanza Gómez, portavoz de Igualdad y Bienestar Social del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía.
Juanma Moreno, presidente del PP-A, también se pronunció ayer al respecto, insistiendo en que "el Gobierno andaluz debe dar una respuesta inmediata a un colectivo en una situación de doble vulnerabilidad, por ser menores, y por las necesidades especiales que precisan", apuntó. "No se puede gobernar de espaldas e ignorando las necesidades especiales de 19.000 familias".
La Junta, por su parte, defiende su acuerdo marco asegurando que sigue las recomendaciones técnicas elaboradas por el Real Patronato de Discapacidad. Aunque, como manifiestan desde la plataforma, no todos los niños sufren una discapacidad.
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