PATRICE SULPICE era en 1995 una de los mejores valores del ciclismo francés de pista. Con 21 años sufrió un grave accidente en un entrenamiento que le dejó parapléjico e inició una batalla jurídica contra la Federación de Ciclismo de su país que se demoró 12 años, hasta que la Justicia le reconoció una indemnización de un millón de euros.
Raúl Ventura ha tenido 13 años, casi el mismo periodo que duró la lucha judicial de Patrice Sulpice, un servicio de fisioterapia que la Conselleria de Sanidad costeaba para mejorarle la calidad de vida de la discapacidad al 98% y el estado de coma vigil que sufre desde 2001.Como hoy publica Carmen Hernández, la Conselleria considera ahora prescindible esta asistencia al joven Raúl, en un escenario de recortes en los servicios públicos, e incluso apunta, pese a que un informe del hospital La Plana recomienda que se mantenga el tratamiento, que «la familia debe estar entrenada» para asistir al joven.
La decisión de la Conselleria no se mantiene en pie. Si desde hace 13 años ininterrumpidos se ha mantenido la prestación de fisioterapia es porque, objetivamente, la necesita. No hay, pues, razón ahora para suprimirla cuando su estado sigue siendo el mismo, privado en movilidad y en interacción con su entorno.
El gasto debe ser eficiente en la administración, pero nunca insensible con quienes tienen necesidades que les desbordan
El argumento de que la familia debe estar entrenada para atender al hijo es intolerable y además miserable. Lo creo porque una atención así requiere manos expertas y porque, además, no se puede prescribir un entrenamiento sin haber procurado previamente la adecuada formación. Y, aún añado más, porque si la solución era ésa, ya se hubiese podido aplicar hace 13 años, cuando se dotó a la familia de la fisioterapia ahora eliminada.
Situaciones como éstas inspiran la desconfianza en las instituciones, las que no han reducido de tamaño lo suficiente en la crisis y, para perpetuarse, han esquilmado los servicios públicos. La familia de Raúl en Betxí sí paga los impuestos y, por ello, merece una asistencia especializada y domiciliaria sin atender al coste, sino a la necesidad. A mí me sobra la mitad de diputados y senadores o autonomías, la mitad de las instituciones, fundaciones o empresas oficiales que existen en la hojarasca del gasto público si esa administración que ampara tantos sueldos, dietas o asesores es insensible ante demandas tan legítimas. La crisis impone un gasto eficiente en la administración, pero no aplicar recortes en lo imprescindible para conservar lo superfluo mientras la ciudadanía empobrece. Yo lo tengo muy claro y, créanme, para llegar a esa conclusión no me ha hecho falta ningún entrenamiento.
Estoy intentando dar con un contacto de esta familia de Betxi para hacerle un reportaje, ¿tienes el contacto? Gracias!
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