viernes, 2 de enero de 2015

Becerril sale en defensa del Gobierno y niega los recortes en el Estado del Bienestar




	La Defensora del Pueblo, marquesa de Salvatierra, ex alcaldesa de Sevilla por el PP y parlamentaria ´popular, durante las cuarta, quinta y sexta legislaturas, Soledad Becerril, salió ayer en defensa del Gobierno, a escasos meses de la primera convocatoria electoral prevista para mayo de este mismo año, y aseguró que "el Estado del Bienestar en España es bueno" y que el alto nivel logrado "se mantiene aún en la actualidad", restando valor a todas las voces e informes que defienden lo contrario. Según la versión de la también marquesa de Salvatierra, Estado de Bienestar "significa que si una persona se cae por las escaleras, en doce minutos tiene una ambulancia y un hospital". "Son nuestros centros de atención, donde llevas a tu nieto a cualquier hora del día, o las urgencias en los grandes hospitales, que atienden a cualquier hora del día o de la noche", plantea. Curiosamente, unas las mayores quejas que se viene registrando en los tres últimos años son las relacionadas con la pérdida del carácter universal de la sanidad, el cierre de centros de urgencias en pequeñas localidades y el colapso de estos servicios en multitud de grandes hospitales, especialmente en comunidades como Madrid o Castilla La Mancha, comunidades gobernadas por el que ha sido su partido hasta que pidió la baja del mismo por las exigencias propias de su cargo. Becerril ha tirado de términos comparativos para asegurar que "son muy pocos" los países del entorno de España que gozan de los mismos servicios y apunta que si bien la institución "suscribe" los informes que revelan las tasas de pobreza en España elaborados por entidades como Cáritas, "en términos generales el Estado del Bienestar es admirable y se ha sostenido y alcanzado con el esfuerzo de todos los españoles". Una versión que contrasta con la opinión de los partidos de la oposición, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales, incluidas la propia Organización de las Naciones Unidas, que han mostrado su preocupación por la pérdida de derechos básicos que constituyen los pilares del Estado del Bienestar, especialmente en los relacionado por la Educación, las relaciones laborales, los alarmantes índices de pobreza infantil o, los recortes que hacen inviable el cumplimiento de la Ley de Dependencia. Aún así, la Defensora del Pueblo niega que se pueda hablar de desmantelamiento “porque no es verdad”, y aunque reconoce los recortes ejecutados por el Gobierno asegura que “no nos podemos quejar de nuestro Estado de Bienestar que es un logro de todos los españoles", apunta. Las declaraciones de Becerril se producen cuando la institución se encuentra rematando el informe anual con la recopilación de las quejas recibidas y las actuaciones emprendidas durante 2014, y de ellas se infieren que, en año electoral, la Defensora no presentará conclusiones que puedan poner en un compromiso al Gobierno sustentado por la mayoría absoluta del que fue su partido hasta su nombramiento en el verano de 2012. QUEJAS EN 2014 Según adelanta la Defensora del Pueblo, el volumen de reclamaciones planteadas por los ciudadanos ha sido similar al del año anterior, cuando se recogieron 22.692 escritos, aunque la temática ha variado. En este sentido, señala que el mayor número sigue correspondiendo a los asuntos relativos a Economía y Hacienda, aunque este año se ha producido "un descenso moderado" en las reclamaciones sobre desahucios, se ha mantenido más o menos estable las de afectados por las preferentes y se han incrementado notablemente las relacionadas con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). "Las corporaciones locales tienen que ser muy cuidadosas a la hora de revisar los IBI y subirlos. Es un impuesto que preocupa mucho a los vecinos, en ocasiones les preocupa más que el IRPF. Se sienten muy afectados por los impuestos de bienes inmuebles. Creo que los alcaldes deben ser muy sensibles a esta cuestión", ha señalado. Sobre los preferentistas, recuerda que hay "cientos de miles de personas" afectadas e incide en que "todavía son muchas las que no han podido llegar a un acuerdo con la entidad bancaria y o han iniciado la vía judicial o están pensando hacerlo". "Creo que las entidades bancarias que no han obtenido un resultado positivo suficiente de acuerdo con clientes deberían intentar un segundo arbitraje", afirma. En el área de servicios sociales, Becerril llama la atención sobre una cifra muy elevada de quejas de personas con discapacidad que encuentran problemas de accesibilidad en sus edificios, lo que les acarrea en muchos casos un aislamiento, al ser materialmente imposible que salgan de su propio edificio de residencia, una queja "muy razonada y muy fundamentada" que se repite en el ejercicio 2014. Aunque la cifra de quejas se ha mantenido más o menos estable, durante 2014 la Alta Institución ha emitido un 53% más de recomendaciones que en el año precedente, peticiones dirigidas a distintos organismos, ministerios e instituciones, que, según Becerril, "en más del 70% son aceptadas y bien recibidas". "No nos podemos quejar, en general, de las respuestas de las administraciones. Se corrigen errores o se toman medidas desde modificar un precepto de una ley a un reglamento. Se nos escucha y en general, se atiende la opinión de esta institución", afirma. No obstante, la Defensora del Pueblo echa de menos, en general, un poco más de transparencia. "Estamos en la época de la transparencia para las administraciones públicas y eso está muy bien, pero también debería haberla para organismos, entidades y empresas que suministran servicios. Que fueran transparentes en relación a lo que ofertan y a cómo lo ofertan y a sus resultados para todo el que se acerque a ellas a establecer una relación comercial", plantea.