Algunas entidades se niegan a facilitar al Consell las cuentas bancarias de los usuarios para que abonen la tasa, y hay afectados que ya han comunicado que dejarán el servicio
El Año Nuevo se ha estrenado con una tasa impuesta a discapacitados de centros de día, ocupacionales y residenciales de la Comunitat, que incluye un recargo del 20% para los morosos, quienes además pueden enfrentarse al embargo de sus cuentas en caso de no cumplir con este tributo. El polémico y reconvertido copago del Consell ha entrado en vigor el 1 de enero. Una recaudación que empieza ya -se supone que el primer recibo será a principios de febrero- y los afectados están a la espera de que la Conselleria de Bienestar Social les envíe las cartas con la aportación económica que deberán realizar.
Así lo explican desde el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi- CV), que aglutina a más del 95% de las 400.000 personas con discapacidad en la Comunitat. «En vigor está desde el 1 de enero, lo que demuestra que les importamos un bledo», afirma el presidente del Cermi-CV, Joan Planells, en referencia a la medida de la Generalitat. «No pueden alardear de tanta sensibilidad hacia los discapacitados cuando se están ensañando de esta manera; es un atropello», insiste.
El TSJCV tumbó el copago en septiembre del pasado año tras un recurso presentado por el Cermi-CV. Posteriormente, un segundo fallo -a raíz del recurso de la Federación da cobrar a sus usuarios-, ahora no hay formar de seguir con la insumisión.e Asociaciones de Familiares de Enfermos Mentales (Feafes)- también se pronunció en la misma línea. Quedó anulado, pero la Conselleria de Bienestar Social dijo que lo recurriría. Y no solo hizo esto. Además, convirtió el copago en una tasa para ajustarse, según argumentó, a lo que decía la sentencia. A diferencia de lo que ocurrió en 2014, -muchas entidades y centros se negaron
Desde Feafes están a la espera de que sus socios reciban las cartas para «presentar recursos y si alguien no puede seguir en el centro y tiene que abandonarlo, que quede constancia por escrito de que renuncia porque no puedo pagarlo», manifiesta Alfonso Rodríguez, presidente de Feafes. La tasa es -según explica- como «un impuesto más, como si fuera el de la basura» e incluye «un recargo del 20% si no se paga en plazo antes de la vía de apremio; como cualquier tasa puede llevar a que te embarguen». Una situación que, a juicio de Rodríguez, lleva a que el año empiece con conflicto. «Sabemos que a varias asociaciones, la administración les ha pedido los datos bancarios de usuarios para domiciliar», añade Rodríguez, quien cree que el primer recibo llegará en febrero, correspondiente a la asistencia de este mes.
Por su parte, el responsable del Cermi está convencido de que en pocos días los usuarios empezarán a recibir las resoluciones de Bienestar Social. Es más, asegura que el trabajo de la Administración está avanzado. «Nos pidieron la colaboración para que los centros entregasen las cuentas bancarias para la domiciliación, y con el consentimiento de los padres en el caso de menores, a lo que nos hemos negado».
Según Planells, unos 4.000 discapacitados estarían afectados, aunque el Consell «habla de menos» y «dijeron que en los casos más complicados les hiciésemos un escrito» para valorar la situación e intentar corregirla. «Primero nos quieren hacer pobres y luego, darnos caridad; es indignante», critica el presidente, quien advierte «de las penalizaciones de este nuevo copago porque puede haber recargos, supongo que de un 20%. y que te embarguen las cuentas o la vivienda».
Desde el comité afirman que ya hay usuarios que han comunicado que van a dejar el servicio una vez les comuniquen el precio económico que deben abonar con este copago o tasa, que en realidad -según los afectados- es un «repago» porque ya realizan una aportación.
«Hay familias que dependen de la paga que recibe la persona con discapacidad porque están en el paro y sin prestaciones por la crisis; estas personas toda su vida han gozado de la solidaridad de su familia y ellos ahora no pueden dejar de serlo con los suyos», relata Planells, quien pone como ejemplo que la atención de un discapacitado intelectual supone un gasto extraordinario para sus familiares de 27.000 euros al año cuando hay prestaciones que son una «miseria». Algunos ayuntamientos, como el de Valencia (PP), ya han anunciado que asumirán el coste en los centros públicos.
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