Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España se denuncia que cada día del pasado año el Sistema de Atención a la Dependencia perdió 74 beneficiarios. Según los datos publicados por el Ministerio el último día del año, el Sistema de Atención a la Dependencia perdió 24.529 beneficiarios en 2014 “y aún hay una lista de espera de 167.869 personas con derecho y sin atender. Hoy se atiende a 9.274 personas menos que cuando el Sr. Rajoy fue nombrado Presidente”.
“Un año más, todos los datos son negativos y sin embargo el Gobierno insiste en alardear de mejoras en el sistema”, se afirma desde esta Asociación, desde la que se señala que más de 110.000 personas dependientes con derecho a atención que estaban en lista de espera han fallecido desde enero de 2012, criticando que el gobierno exhiba como un éxito en su gestión de la Atención a la Dependencia las personas que fallecen sin recibir las atenciones a las que tienen derecho, reduciendo con ello la lista de espera.
Según los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales 117.000 personas en situación de dependencia han fallecen desde enero de 2012 sin recibir las atenciones a las que tienen derecho
A la vista de la estadística oficial se afirma que “no existe ni un solo dato que pueda corroborar las triunfalistas afirmaciones del Gobierno que intentan argumentar una mejora del sistema y la ‘salvación’ de su sostenibilidad. Incluso el dato de reducción de la lista de espera en más de 22.000 personas, que podría parecer positivo, es consecuencia evidente del fallecimiento de personas en dicha lista de espera sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios”.
La AEDGSS denuncia que esta circunstancia (fallecer sin atención) podría haber afectado a 117.000 personas desde enero de 2012 y es, junto con la supresión del derecho a atención, la principal razón de la reducción de la lista de espera.
En el último año, murieron más de 45.000 personas en situación de dependencia sin recibir ninguna prestación o servicio a la que tenían derecho. La reducción de la lista de espera no se ha producido por un incremento de las atenciones.
“Ningún observador podría permanecer impasible ante la falta de objetividad y de rigor en la utilización de los datos”, se afirma desde la Asociación, ya que:
- Se hace referencia a las altas, pero nunca se indican las bajas
- El dato de reducción de lista de espera se manipula al tratarse aisladamente de las altas en servicios y de las bajas por fallecimiento
- Se hace referencia a la ‘herencia recibida’ de la deuda de 1.034 M€ con la Seguridad Social que, si bien es cierta, se resolvió cruelmente con la supresión de las cotizaciones por los cuidadores familiares, reduciendo la financiación a las CCAA por el Nivel Mínimo en un 13% y suprimiendo el Nivel Acordado
- Se ofrecen datos de empleo en el sector que, vistos con perspectiva, no son demasiado favorables
- Se miente cuando se afirma que el Estado aporta la mitad de la financiación cuando los “recursos adicionales” a los que se alude no tienen tal finalidad, utilizando un informe del Tribunal de Cuentas que hubo de ser corregido para evitar precisamente la confusión en la financiación estatal y del que aún no se ha dado cuenta al Parlamento.
Por todo ello, la Asociación pide al Ejecutivo que informe de cuántas bajas de dependientes con derecho a atención y que estaban en lista de espera se han producido por fallecimiento desde enero de 2012; publique mensualmente el número de bajas que se producen y no se limiten a publicar únicamente las altas; y explique cómo es posible reducir el número de personas en lista de espera sin que las personas atendidas aumenten o, si lo prefieren, indiquen los motivos de baja de las situaciones de espera.
El balance provisional 2014 corrobora, a juicio de esta Asociación, la destrucción del sistema de atención a la dependencia. “Un sistema que estaba muy necesitado de reformas profundas pero que no ha hecho sino recibir un inmenso varapalo jurídico y financiero que ha recaído sobre las personas en situación de dependencia, sobre sus familias y también sobre las administraciones territoriales obligadas a la gestión y que se ven imposibilitadas para incrementar y mejorar las atenciones al ritmo requerido por la sociedad”, afirma José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios.
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