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VIERNES 11 DE JULIO DE 2014 08:56
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Hace unas semanas el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, afirmó que la reforma penal contribuiría al progreso económico de España. Sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre este anteproyecto y su apartado referido al de la discapacidad intelectual, y es que desde FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo) manifiestan que esta posible nueva reforma penal supone un peligroso prejuicio y un estereotipo que identifica a estas personas como sujetos pncia de una discapacidad de este tipo nunca puede ser “una causa última para justificar medidas de seguridad privativas de libertad que se puedan prolongar indefinidamente en el tiempo”, porque “resulta discriminatorio y claramente contrario a la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad”, expuso el pasado jueves la Junta Directiva de FEAPS.
Pese a todo ello las medidas de seguridad privativas de libertad planteadas en el proyecto del gobierno tienen su fundamento, entre otros supuestos, precisamente en la existencia de una discapacidad. Por tanto, se trata de una vulneración clara de esta Convención, y una discriminación contra este colectivo por razón de su discapacidad, declararon representantes de FEAPS.
La imposición a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de estas medidas de seguridad con carácter indefinido, se justifica bajo la consideración de especial peligrosidad de estas personas. Esto supone un peligroso prejuicio y un estereotipo que identifica a estas personas como sujetos peligrosos debido a su discapacidad. Además, FEAPS considera que esta fundamentación “carece de criterios de determinación suficientemente válidos”.
En los centros penitenciarios de España la incidencia de la discapacidad intelectual o enfermedad mental es 6 veces mayor que la de la población general (un 6,5% frente a un 1%). Además casi un 70% de los reclusos con discapacidad intelectual ingresan en prisión sin que se les haya detectado esta discapacidad, y muchos de ellos no cuentan con apoyo alguno dentro de prisión, lo que les hace especialmente vulnerables ante el resto de la población reclusa.
Por todo ello, FEAPS solicitó al Gobierno que modifique el planteamiento de estas medidas de seguridad, garantizando en todo caso los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Junto a ello, también consideró que deben establecerse más recursos de atención especializada para que estas personas tengan todas las garantías legales durante los procesos penales, y más apoyos específicos en los centros penitenciarios que atiendan su especial vulnerabilidad y les permitan mayores oportunidades de reinserción social.eligrosos debido a su discapacidad
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