Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura se sitúan como las autonomías que más tardan en ofrecer ayuda a dependientes
El plazo medio para que los dependientes reciban las prestaciones reconocidas supera los 300 días en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura, así como en Asturias, aunque esta comunidad no ha aportado hasta ahora los datos correspondientes al Tribunal de Cuentas.
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Los expertos denuncian una "derogación encubierta" de la dependencia que tendrá un 13% menos de financiación.- (GETTY IMAGES)
Esto es lo que refleja el primer informe delObservatorio de la Dependencia de España, formado por patronales y sindicatos, que analiza el desarrollo de la ley de dependencia tras ocho años en vigor.
El informe destaca que algunas comunidades no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva, lo que implica el retraso en otorgar la ayuda reconocida a las personas dependientes.
De este modo, el plazo medio para la resolución de ayudas a la dependencia se estima en 200 días (siete meses), en las comunidades de Canarias, Murcia, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia.
Asimismo, el informe subraya que el crecimiento del empleo generado en el sector de la dependencia "se ralentiza" y ha caído un 22,5 por ciento desde 2012.
El informe, que pone de relieve la necesidad de ir hacia una "acreditación de los servicios" y hacia "una profesionalización del sector", subraya que se ha constatado una pérdida de empleo femenino desde 2012.
El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios de la Dependencia (Aeste), Jorge Guarner, ha destacado en la rueda de prensa celebrada en la sede de la CEOE que tras más de siete años de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia "persiste la vulneración de la misma por parte de las administraciones", que "han primado los cuidadores no profesionales, que eran excepcionales, frente a los servicios".
En este sentido, ha precisado que la proporción es de un 42,8 de servicios prestados por cuidadores no profesionales, frente al 13,95 por ciento de servicios de atención residencial.
Ha añadido que si ese 42,8 % sigue reduciéndose al ritmo anual del 2,5 %, hasta dentro de 20 años no habrá alcanzado esa excepcionalidad que le otorgaba la Ley de Dependencia.
Guarner también ha denunciado que "el entramado de más de 671 normas autonómicas, y 134 estatales" hacen que la efectividad del derecho de dependencia "no sea igual entre comunidades" El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia José Alberto Echevarría ha destacado la "falta de financiación" del sector y ha indicado que los precios de los concursos siguen bajando mientras que "permanecen vacías más de 50.000 plazas y hay casi 200.000 dependientes sin prestación".
Por su parte, Pilar Navarro, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FSP-UGT, ha señalado que el informe constata que "los puestos de trabajo generados por el sector están muy por debajo de las expectativas", al tiempo que ha mostrado su preocupación por el retraso de algunas autonomías para dar las certificaciones a los trabajadores del sector, lo que "dificulta la renovación de contratos".
Desde la organización empresarial Lares, Ángeles Sánchez, ha apostado por trabajar para alcanzar el "compromiso responsable y serio de qué asignaciones presupuestarias aporta la administración central, las comunidades autónomas, y qué parte deben aportar los ciudadanos mediante copago".
Para Vicente Sánchez, secretario de Construcción y Servicios de CCOO, es importante destacar "la formación específica que han realizado las trabajadoras del sector y el esfuerzo en tiempo, dedicación y económico realizado, que ahora se pierde por la destrucción de empleo" Antonio Cabrera, secretario de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, ha apuntado que "los servicios de atención a la dependencia dan empleo a más de 420.000 personas de las que el 86 % son mujeres".
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