José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia, anuncia la presentación de una queja en la Comisión Europea para la próxima semana.
Considera que la Junta puede constituir un delito de prevaricación.
La defensa de la Ley de Dependencia llegará hasta Bruselas mediante una queja del presidente de la Plataforma, José Luis Gómez-Ocaña. La próxima semana llegará el texto a Bruselas que insta a frenar las formas de actuar de la Junta así como si puede estar incurriendo en un delito de prevaricación en el trato para con los dependientes.
"Queremos frenar este abuso que están surgiendo en la comunidad", indicaba Gómez-Ocaña, señalando que la Junta está saltándose la ley de 2006 en materia de dependencia que implica que las autoridades deben realizar audiencia a los dependientes, lo que Ocaña considera "es un trámite fundamental" y que puede ser concluyente de un delito de prevaricación. De hecho la Plataforma ha presentado un escrito ante el Fiscal General del Estado, remitido a su vez por éste a la autoridad competente regional que es la Fiscalía de Castilla-La Mancha, en el que pide la investigación de las actuaciones de la Junta y revisar si puede haber algún delito en los hechos que viene realizando la Junta de Comunidades en los últimos años. Ocaña confía en que la fiscalía abra diligencias e investigue si es constitutivo de delito.
"El gobierno regional no puede gobernar desde una atalaya, abusando de su superioridad ni esconder que en Castilla-La Mancha hay más de 42.000 personas afectadas que no reciben ninguna ayuda". Precisamente en los últimos días se ha lanzado el proyecto de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ley que no aprueba el presidente de la Plataforma porque "está vacía de contenido. No se asegura su financiación y se olvida en todo momento de las personas con discapacidad" y se niega a que la ley se apruebe sin el consenso de todas las Cortes (la ley está impulsada sólo por el PP). Ocaña pide consenso y que se sienten a negociar desde el PP y desde el gobierno.
Con quien sí ha podido negociar Gómez-Ocaña es con el PSOE de la región. En los últimos días mantuvieron una reunión para estudiar posibles enmiendas a presentar a dicho proyecto. "La ley es una cortina de humo para ocultar lo que de verdad se hace con los dependientes. Es una masacre absoluta", al tiempo que ha pedido al gobierno que negocie con todos los colectivos, y no sólo con CERMI, a quien consideran "su asociación de cámara", a quienes han destinado más de 9 millones de euros en subvenciones en 3 años y que no ha denunciado ninguno de los flagrantes casos de la región, considerando Ocaña que "compran su silencio a cambio de subvenciones".
También ha tenido unas palabras para Juan José García Ferrer, el Director General de Mayores y Personas con Discapacidad o Dependientes, al que le pedía "que se ponga de fondo de pantalla de su tablet o teléfono móvil, pagado además por los contribuyentes, la imagen de Jomián -el niño de 13 años gran dependiente fallecido antes de que la Junta le reconociera el derecho a una prestación- para que se acuerde así cuando tenga que firmar las resoluciones".
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