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La hija de José Miguel Molleja en el Centro de Atención de Infantil Temprana donde recibe asistencia | JOSÉ MIGUEL MOLLEJA
Familias de niños con problemas de desarrollo exigen a la Junta que modifique el nuevo acuerdo marco porque denuncia que implica reducción de sesiones
José Miguel Molleja es padre de una niña que padece una patología que afecta a su desarrollo. Por eso, es necesario que acuda regularmente a uno de los 19 Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) que hay en la provincia. Se trata de los lugares especializados donde se estimula a los niños de 0 a 6 años, la etapa en la que estas terapias les garantizan un futuro mejor. “Hay casos en los que se les enseña algo tan sencillo como comer, andar, coger cosas. Aspectos básicos que sin estas sesiones muchos niños no podrían hacer”, destaca el padre. A sabiendas de que, cuantas más sesiones y más horas de trabajo tengan sus hijos, un mejor futuro les aguarda, estos padres han recibido como un jarro de agua fría el nuevo convenio que la Junta quiere implantar con las asociaciones y colectivos que imparten estas terapias. Básicamente, lo que busca el Gobierno andaluz es repartir más las horas para abarcar a más niños. Por ello, los afectados han comenzado a recabar apoyos en este enlace de la web de recogida de firmas Change.org
“No estamos de acuerdo con esa medida porque pensamos que lo que habría que hacer es aumentar los recursos para todos. En este tipo de asistencia, la intensidad y el número de sesiones es fundamental. Si mi hija va a dejar de recibir 20 sesiones para que otro niño reciba diez, ninguno de los dos estará bien atendido”, sentencia Molleja. Él y otros padres han iniciado una campaña de recogida de firmas con las que solicitan a la Junta que dé marcha atrás en su idea.
Otro de los aspectos del nuevo convenio que más preocupa a las familias que se oponen al mismo es que a, partir de su aprobación, los CAIT dejarán de ser centros especializados como hasta ahora, para convertirse en centros generalistas. “Nos tememos que eso supondrá que muchos tengamos que cambiar de centro de atención y que además algunos de estos, que estaban centrados en perfiles de usuarios concretos, tendrán que cambiar completamente con los problemas que puede suponer”, lamenta José Miguel Molleja.
Todos estos son más problemas que se añaden al cúmulo de circunstancias adversas que tanto los padres como los centros cuentan que sufren desde que comenzó la crisis económica. “La Junta paga con retrasos que tienen que asumir los CAIT. Sabemos que las demoras han llegado a siete meses que han tenido que afrontar los centros. Algunos estaban más saneados económicamente y han podido seguir adelante, pero otros tienen serios problemas. Algunos profesionales han estado trabajando gratis, incluso”, advierte.
Eso también ha repercutido en la economía de las familias. “Hay centros han tenido que empezar a reducir servicios y la única salida que les queda a los padres es abonar de su propio bolsillo las sesiones que necesitan sus hijos, adelantando hasta 260 euros mensuales. Pero hay familias en las que los padres están en paro o con sueldos bajos y no pueden pagarlo”, concluye José Miguel Molleja.
Por su parte, la Junta emitió la semana pasada un comunicado defendiendo que este año “garantiza la asistencia a más de 17.500 menores andaluces a través del programa de Atención Temprana”. Desde 2003, dice la Consejería de Salud, se “han multiplicado por ocho las partidas destinadas a esta prestación que, en la actualidad, se ofrece en 169 centros de la comunidad autónoma”.
Nuevo acuerdo marco
La Consejería de Salud ha transformado el modelo del programa de Atención Temprana, explica, “a través de un novedoso acuerdo marco”. Para la Junta, “esta modificación ahonda en la transparencia y clarifica la relación contractual entre la administración sanitaria y las entidades que hasta ahora han venido colaborando con esta iniciativa, al igual que con las nuevas que se incorporan. En total, se trata de 61 entidades sin ánimo de lucro”.
La Junta defiende que el programa sigue las recomendaciones técnicas elaboradas por el Real Patronato de Discapacidad. “Además, para mejorar la capacitación profesional, se está elaborando un Convenio Marco que fomentará la formación de los profesionales y la promoción del conocimiento entre los equipos para asegurar una equidad en la intervención de menores con trastornos específicos, como los trastornos del espectro del autismo”, prosigue el comunicado.
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