Actualizado:06/08/2015 02:52 horas
A pesar de haber sido aprobada en 2006 con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias, la insuficiente dotación económica para financiar las políticas de dependenciaha convertido en papel mojado una ley presentada en su día como una de las normas sociales más importantes de nuestro país. Y lo que es peor aún, ha condenado a casi medio millón de enfermos que necesitan de ella a no recibir ningún tipo de asistencia. Porque mientras el número de personas reconocidas como dependientes ha ido aumentado paulatinamente hasta llegar a la cifra actual de 1.191.406, la aportación del Estado para costear el servicio apenas cubre el 12% del gasto, cuando la ley le obliga a aportar el 50% del total, dejando a las CCAA el otro 50%.
Es cierto que el régimen de ayudas que diseñó el Gobierno de Zapatero vino a llenar un enorme vacío en nuestro sistema de protección social, pero su ambicioso planteamiento, que no se ajustaba a nuestra realidad económica, ha terminado por anular las buenas intenciones políticas y frustrar las esperanzas de muchos afectados. El aumento del 6,4% de la partida presupuestaria destinada a estos fines incluido en el proyecto de Presupuestos presentado anteayer es a todas luces insuficiente y condena a las CCAA a tener que cubrir el servicio con deficiencias. Según el último dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, 12 de las 17 comunidades suspenden en la aplicación de los programas de ayudas, ya que con la dotación actual sólo hay capacidad para atender a 750.000 personas. Las CCAA reclaman al Gobierno la derogación del Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio por el cual dejó de transferir casi 300 millones destinados a la asistencia a estos enfermos y a los familiares que les asisten.
De nada sirve una buena ley si es imposible financiarla. En los nuevos Presupuestos, se contempla que el pago de los intereses de la deuda ascenderá a 33.000 millones, una cantidad muy superior a lo que el Estado gasta en Educación y Sanidad. Es decir, nuestro endeudamiento dificulta la aplicación de determinados programas de protección, por lo que el Gobierno debiera aclarar cuál es la situación y modificar la actual legislación para adecuarla a la coyuntura real y evitar el sufrimiento de tantas familias que esperan infructuosamente que le sean reconocidos sus derechos
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