Los sindicatos critican la derivación de expedientes a una empresa mientras no se cubren las bajas del personal encargado de hacer las valoraciones - El retraso en la emisión de informes impide el cobro de ayudas
PINO ALBEROLA 27.08.2015 | 01:22
Los recortes retrasan hasta un año la valoración de grandes dependientes
Informes que se retrasan hasta un año, plantillas sin cubrir y valoraciones médicas que se hacen a través de entrevistas telefónicas sin ningún tipo de protección de datos personales. Son algunas de las irregularidades de los sistemas de valoración de personas con discapacidad en la provincia de Alicante. El sindicato UGT denuncia que la anterior conselleria derivó a la empresa pública de gestión privada IVAS la gestión en la resolución de expedientes, al tiempo que ha ido mermando la plantilla del Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad, el organismo que hasta la creación del IVAS se encargaba de realizar estas valoraciones. Una de las consecuencias directas de lo que UGT califica como «duplicidad de servicios» es que en los casos de los grandes dependientes, con una discapacidad mayor del 75%, «el expediente se paraliza y se envía al IVAS para que se haga una valoración en el domicilio del usuario», explica la responsable del Sector de Autonómicas en la Provincia de Alicante de UGT, Dolores Vílchez. Un trámite «que puede demorarse un año». Este retraso impide que los discapacitados puedan recibir la correspondiente puntuación para la dependencia y por tanto recibir las ayudas que corresponden por ley. UGT denunció ayer que con estos obstáculos «la anterior conselleria retrasaba al máximo los pagos a los dependientes».
En un principio el IVAS fue creado para asumir valoraciones en las que no hace falta la presencia física de la persona discapacitada, «pero con el paso del tempo también se han ido desviando otro tipo de informes cuyas patologías sí requieren de una valoración personal». Casos en los que la empresa realiza entrevistas telefónicas, «lo cual es inaceptable», señala Vílchez. «El usuario no tiene forma de conocer a quién proporciona datos privados, al tiempo que el entrevistador desconoce de forma fehaciente la identidad de su interlocutor. Además, los datos obtenidos telefónicamente no están documentados».
También «existen otros casos en los que es imprescindible una valoración social que realizan los trabajadores sociales y en ningún caso se llevan a cabo telefónicamente». Mientras, trabajadores y sindicatos denuncian los continuos recortes de personal que ha sufrido el Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad. Actualmente hay tres vacantes por cubrir y con la plantilla actual sólo se pueden formar tres equipos de valoración, que por ley tienen que estar formados por un médico, un psicólogo y un trabajador social. «Esto lleva a tener que citar a menos personas y por tanto a realizar menos valoraciones presenciales». Desde UGT aseguran que la lista de espera roza actualmente los tres meses. El sindicato ya ha pedido a la nueva consellera de Bienestar Social, Mónica Oltra que cancele el contrato con la emprea IVAS y reponga todas las plazas vacantes en el centro de valoración.
Por otro lado, UGT ha pedido el cese del jefe del Servicio Médico del Institut Valencià de Seguretat y Salut en el Treball (Invassat), José María Roel, por acoso laboral, y del subdirector del organismo en la Comunidad, Salvador Puigvengoa, por «mentir» sobre la sanción que se le ha impuesto a una trabajadora por negarse a fichar mediante firma delante del director, según ha informado Juan Pedro Pelegrín, miembro del Sector de Autonómica del sindicato en la provincia de Alicante. Pelegrín denuncia que la dirección del centro cambió los criterios a la hora de fichar, debiendo firmar además en el despacho del director, «una medida que solo afectó a cuatro trabajadores afiliados a UGT».
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