MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Antonio Moreno, representante de las 300 familias que en septiembre del año pasado pidieron al Tribunal Supremo que anule la reforma emprendida por el Ejecutivo en julio del año pasado sobre la Ley de Dependencia, Antonio Moreno, se reunirá este martes con los portavoces parlamentarios de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del PP, PSOE, UPyD, PNV y ERC, según ha confirmado a Europa Press.
El objetivo de estos encuentros es que los grupos parlamentarios escuchen las "negativas consecuencias" de los recortes emprendidos en dependencia hasta la fecha y "pedirles soporte", según ha relatado el portavoz de la Entidad por los Derechos Civiles de la Discapacidad y sus familias, que es padre de un menor con discapacidad.
Estas familias pidieron al TS que anulase el citado decreto porque, en su opinión, elimina los derechos adquiridos de los beneficiarios de la Ley de Dependencia, al recortar ayudas a los cuidadores, eliminar su cotización a la Seguridad Social, así como restringir el acceso de los dependientes moderados al sistema.
En un escrito que remitirán este martes a sus señorías lamentan que, "si ya era deficitaria" la Ley de Dependencia de 2006, con las medidas llevadas a cabo se está demoliendo el sistema de dependencia.
Así, entienden que los incrementos del copago y las afecciones patrimoniales de las personas en situación de dependencia se detecta "una intencionalidad política" en convertir la dependencia en un "producto mercantilista y financiero" que, sin duda, cree que llevará a una limitación de derechos y desigualdades frente a las necesidades del colectivo.
"Está suponiendo un injusto castigo a la mujer cuidadora desde el momento en que se elimina lo que antes ya de por sí no era más que una paupérrima cotización a la seguridad social que al menos permitía alcanzar los mínimos exigidos de una cotización para poder jubilarse en condiciones", alerta Moreno.
Por todo ello, trasladará a los parlamentarios su propuesta para que las familias al cuidado de personas, que tengan la condición de tener una gran dependencia reconocida, sin recursos o teniendo unos ingresos mínimos, que no se les recorten el 15 por ciento de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
Igualmente, planteará que los cuidadores de edad comprendida entre los 50 y 65 años que tengan en su programa individual de atención la condición de cuidador no profesional puedan reanudar el convenio especial para cuidadores de personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado. "Estos cuidadores deberían estar en precaria situación económica o que carezcan de recursos o tener unos ingresos mínimos", sentencia.
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