José Manuel Ramírez Navarro preside una de las organizaciones más combativas contra los recortes en los servicios sociales y la Ley de Dependencia: la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España. Recientemente, su organización ha publicado el informe sobre el desarrollo de los servicios sociales en el país, donde se refleja que aquellas comunidades autónomas que apuestan por ellos tienen las tasas más bajas de exclusión social. En ese sentido, el País Vasco se encuentra junto con Navarra en los más alto de la clasificación. Ramírez advierte de que el actual Gobierno del PP ha procedido a una "derogación encubierta" de la Ley de Dependencia. "Cada día que gobierna Rajoy pierden el derecho a la Dependencia 162 personas", recalca.
Pregunta. En medio de una situación de emergencia social como el actual, el Gobierno central sigue con sus recortes.
Respuesta. Está desmantelando la Ley de Dependencia y despidiendo a los trabajadores sociales. Está incurriendo en una irresponsabilidad absoluta porque pone en riesgo la cohesión social en España. Si los cientos de miles de personas en exclusión social caen al precipicio no podremos salir de la crisis. Si pierden la dignidad no saldremos. En Euskadi tal vez no se entienda porque la situación de los servicios sociales y de la dependencia no tiene nada que ver con la situación en el resto de España, en comunidades como Valencia, MUrcia, Madrid, Canarias, Madrid o Galicia, donde las posibilidades de un dependiente de ser atendido son muchísimo más bajas.
P. En España hay más de 260.000 personas en la lista para ser atendidos por la Ley de Dependencia.
R. El Gobierno pervierte los datos. Cada mes dice que ha rebajado la lista de espera, pero lo que ocurre es que hay personas a las que se reconoce el derecho pero no se le da la prestación que les corresponde. Es un espejismo que hay que desmentir. Desde el pasado mes de julio, cuando se aprobó el Real Decreto con los recortes ya no hay tasa de reposición, no entran nuevos beneficiarios. Lo que ha ocurrido es que con Mariano Rajoy se ha aplazado el derecho de los moderados (hasta 2015). Los manda a su casa. El 54% de los dependientes tiene más de 80 años. Si Rajoy lleva 16 meses de mandato ha habido un grupo que ha fallecido y sale de la lista. Así sí se puede reducir: quitando derechos y por fallecimiento antes de que les atiendan. Cada día que gobierna Rajoy pierden el derecho a la Dependencia 162 personas.
P. Si se quiere tener un buen sistema de protección social no hay más remedio que invertir en él.
R. Está claro. En Euskadi se invierte por habitante y año 796 euros en servicios sociales, la media española es de 275. En Baleares diez veces menos que en Euskadi. Obras son amores y no buenas razones. Euskadi invierte mucho dinero para tener el sistema más potente que hay en España. No es cuestión de color político, responde a la gestión de los sucesivos gobiernos porque el País Vasco siempre ha sido una potencia. Dedica el 2,57% de su PIB cuando la media española es del 1,21.
P. ¿El Gobierno del PP está dejando morir la Ley de Dependencia?
R. Está atacando el sistema de dos formas. Por una parte, a través de una derogación encubierta de la Ley de Dependencia dejando morir el sistema, aplicando los fallecimientos de los dependientes al déficit del Estado. Decenas de miles van a morir sin recibir la atención y el derecho que les corresponde a ser atendidos. Y por otra parte, ahora el Gobierno amenaza con una reforma local de los servicios sociales que hace que se destruyan los servicios locales, los que se encuentran más cerca de los ciudadanos. Lo que hace el Gobierno es relacionar la gestión de lo próximo con el derroche y el despilfarro. Desmantelando los servicios locales y derogando la Ley de Dependencia desmantelan el sistema de servicios sociales en España.
P. La Ley de Dependencia ha sido un derecho efímero.
R. En algunas comunidades ni se llegó a plantear, por desidia, impericia o insumisión. Por ejemplo, Aragón y Castilla La Mancha son insumisas, antisistema. Detrás de eso hay un interés de generar un subproducto financiero: crear un seguro privado de la Dependencia. El que tenga su seguro privado tendrá una buena asistencia y el que no tenga dinero irá donde pueda.
El Gobierno reduce la lista de espera de la Ley de Dependencia por dos vías:quitando derechos y por fallecimiento de las personas antes de que les atiendan"
P. La red pública saturada, el tercer sector sobrepasado, las pensiones de los jubilados aguantan a muchas familias...¿Estamos llegando al borde del precipio y sin red de seguridad?
R. Desde luego. En España antes las personas con mayor riesgo de pobreza eran los mayores de 65 años, y ahora son las que menos riesgo tienen. No es que les hayan subido las pensiones; lo que ocurre es que todos nos hemos empobrecido. El 27% de los que tienen tasa de riesgo de pobreza son jóvenes hasta 16 años, es decir, los niños. Hay bque decirlo claro: En España hay niños que pasan hambre. Si se desmontan los servicios sociales todos corren más riesgo de vulnerabilidad. El sistema de servicios sociales ha pasado en pocos años de atender a cinco millones de usuarios a ocho. Si les dejamos sin esa red, el único destino que queda es la exclusión social.
P. ¿Las comunidades con peores servicios sociales tienen más riesgo de exclusión?
R. Comunidades como Valencia y Canarias es donde más aumenta la pobreza y la desigualdad. Y al contrario, las que mejores servicios sociales tienen cuentan con menos tasa de desigualdad. Evitan que la gente pase de la pobreza a la exclusión social. De la pobreza se puede salir consiguiendo un trabajo, pero salir de la exclusión es muy difícil.
P. ¿Los servicios sociales son un nicho de empleo?
R. Sí. Las medidas que toma el Gobierno son crueles, desalmadas y antieconómicas. La inversión en servicios sociales y Dependencia genera por cada millón de euros gastados 30 empleos estables. No hay ninguna inversión social que genere más empleo. Se trata de un yacimiento de empleo que puede crear muchos millones de empleos en los próximos años si se desarrolla bien la Ley de Dependencia. Y tiene retornos económico: por cada euro invertido, 43 céntimos vuelven al estado por medio de IRPF, IVA y Seguridad Social.
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