Las Plataformas del País Valencià en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia nos reunimos ayer lunes 11 de noviembre con la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para exigir el cumplimiento de la deuda pendiente con los dependientes valencianos correspondiente a este año 2013 y que se refiere al pago de la retroactividad y los dos meses de retraso en el pago de las prestaciones. A la reunión también estaba convocado el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, quien finalmente no acudió por encontrarse en Madrid, aunque sí lo hizo el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó.
Según fuimos informados, el Gobierno valenciano contaba con los 900 millones del FLA que se recibirá el próximo 16 de noviembre para saldar el pago de la retroactividad de este año 2013 y que asciende a 22 millones de euros, algo que ya no será posible, puesto que de acuerdo a lo establecido en el RD Ley 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, dichas ayudas no pasarán por la tesorería del gobierno valenciano, sino que se destinarán directamente desde las arcas del gobierno central a los proveedores que hayan acreditado su deuda con el gobierno valenciano. Puesto que los dependientes no somos proveedores, estamos excluidos de dicha relación. Ante tales circunstancias, y posiblemente por la presión de las Plataformas exigiendo el pago de la retroactividad, que según lo prometido tanto por la consellera Sánchez Zaplana como por el mismo President Fabra había de haberse realizado el pasado mes de abril, el conseller de Hacienda Juan Carlos Moragues, se desplazó ayer a Madrid para solicitar del gobierno de Rajoy una línea de crédito que le permita pagar a los dependientes valencianos. Los resultados de dicha gestión no los conoceremos hasta el día 12 de diciembre cuando retomaremos las negociaciones.
Las Plataformas de la Dependencia del País Valencià no podemos más que mostrar nuestra más profunda indignación y frustración. Hasta el mes de febrero, el coste total de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar era de 11´5 millones de euros. Tras la entrada en vigor del copago en dependencia el pasado mes de febrero esta cantidad se redujo a 7 millones de euros. Con lo cual sólo a expensas de la dependencia, el gobierno valenciano ha estado ahorrándose 4,5 millones de euros todos los meses, lo que nos lleva a un total de 45 millones de euros en lo que va de año ¿dónde está todo ese dinero? ¿por qué ahora no hay 22 millones de euros para pagar la retroactividad? Eso sin contar con el ahorro que supondría dejar de pagar infraestructuras inútiles como el aeropuerto de Castelló, cuyo gasto asciende a 17 millones de euros anuales, o los 3,6 millones de euros que se pagan a un empresario “amigo” por la gestión de la torre de control”, para invertirlos en la vida, la salud y el bienestar de las personas.
Aun así, y pese a no saber todavía ni siquiera de dónde saldrá el dinero y a falta de mes y medio para finalizar el año, los representantes del gobierno valenciano continúan asegurando que cumplirán con su compromiso. Obviamente, y a estas alturas, ni que decir cabe, que su palabra apenas nos merece ninguna credibilidad, y que pone de manifiesto su incapacidad de cumplir con lo prometido.
En otro orden de cosas, las Plataforma queremos mostrar nuestra satisfacción al conseguir que la conselleria de Benestar rectifique y comience a partir del 1 de enero a calcular la capacidad económica del dependiente para aplicarle el copago en función de su renta, y no en función de la renta de la unidad familiar, como venía haciéndose desde febrero. Con esta medida, se recalcularán de nuevo los copagos. En el caso de los menores, al carecer de rentas, quedarán pues, exentos del mismo. Sólo no se tendrá en cuenta la capacidad económica del beneficiario, cuando este sea el cabeza de familia y no se cuenten con más ingresos.
La consellera Sánchez Zaplana quiso apuntarse como un tanto personal el haber conseguido blindar en los presupuestos de la Generalitat Valenciana las partidas para la dependencia, cosa que agradecemos, a la vez que pedimos transparencia en su gestión así como acceso al conocimiento de las transferencias del Estado para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del País Valencià. También negó haber dado instrucciones políticas para las frecuentes revisiones a la baja en la valoración de los dependientes y se comprometió a colaborar en otras cuestiones técnicas que ayuden a mejorar el proceso de valoración.
Las Plataformas seguimos defendiendo es inmoral e inhumano someter la vida y el bienestar de las personas con discapacidad y dependencia a ajustes presupuestarios. Que no se trata de gastar menos, sino de gastar mejor. Después de 20 años de despilfarro y con la Generalitat Valenciana en quiebra, el gobierno valenciano sigue sin querer entender que la prioridad somos las personas. O esa es la sensación que nos transmitieron.
Respeto, Dignidad y Justicia Social. Valencia, a 12 de Noviembre de 2013.
Según fuimos informados, el Gobierno valenciano contaba con los 900 millones del FLA que se recibirá el próximo 16 de noviembre para saldar el pago de la retroactividad de este año 2013 y que asciende a 22 millones de euros, algo que ya no será posible, puesto que de acuerdo a lo establecido en el RD Ley 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, dichas ayudas no pasarán por la tesorería del gobierno valenciano, sino que se destinarán directamente desde las arcas del gobierno central a los proveedores que hayan acreditado su deuda con el gobierno valenciano. Puesto que los dependientes no somos proveedores, estamos excluidos de dicha relación. Ante tales circunstancias, y posiblemente por la presión de las Plataformas exigiendo el pago de la retroactividad, que según lo prometido tanto por la consellera Sánchez Zaplana como por el mismo President Fabra había de haberse realizado el pasado mes de abril, el conseller de Hacienda Juan Carlos Moragues, se desplazó ayer a Madrid para solicitar del gobierno de Rajoy una línea de crédito que le permita pagar a los dependientes valencianos. Los resultados de dicha gestión no los conoceremos hasta el día 12 de diciembre cuando retomaremos las negociaciones.
Las Plataformas de la Dependencia del País Valencià no podemos más que mostrar nuestra más profunda indignación y frustración. Hasta el mes de febrero, el coste total de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar era de 11´5 millones de euros. Tras la entrada en vigor del copago en dependencia el pasado mes de febrero esta cantidad se redujo a 7 millones de euros. Con lo cual sólo a expensas de la dependencia, el gobierno valenciano ha estado ahorrándose 4,5 millones de euros todos los meses, lo que nos lleva a un total de 45 millones de euros en lo que va de año ¿dónde está todo ese dinero? ¿por qué ahora no hay 22 millones de euros para pagar la retroactividad? Eso sin contar con el ahorro que supondría dejar de pagar infraestructuras inútiles como el aeropuerto de Castelló, cuyo gasto asciende a 17 millones de euros anuales, o los 3,6 millones de euros que se pagan a un empresario “amigo” por la gestión de la torre de control”, para invertirlos en la vida, la salud y el bienestar de las personas.
Aun así, y pese a no saber todavía ni siquiera de dónde saldrá el dinero y a falta de mes y medio para finalizar el año, los representantes del gobierno valenciano continúan asegurando que cumplirán con su compromiso. Obviamente, y a estas alturas, ni que decir cabe, que su palabra apenas nos merece ninguna credibilidad, y que pone de manifiesto su incapacidad de cumplir con lo prometido.
En otro orden de cosas, las Plataforma queremos mostrar nuestra satisfacción al conseguir que la conselleria de Benestar rectifique y comience a partir del 1 de enero a calcular la capacidad económica del dependiente para aplicarle el copago en función de su renta, y no en función de la renta de la unidad familiar, como venía haciéndose desde febrero. Con esta medida, se recalcularán de nuevo los copagos. En el caso de los menores, al carecer de rentas, quedarán pues, exentos del mismo. Sólo no se tendrá en cuenta la capacidad económica del beneficiario, cuando este sea el cabeza de familia y no se cuenten con más ingresos.
La consellera Sánchez Zaplana quiso apuntarse como un tanto personal el haber conseguido blindar en los presupuestos de la Generalitat Valenciana las partidas para la dependencia, cosa que agradecemos, a la vez que pedimos transparencia en su gestión así como acceso al conocimiento de las transferencias del Estado para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del País Valencià. También negó haber dado instrucciones políticas para las frecuentes revisiones a la baja en la valoración de los dependientes y se comprometió a colaborar en otras cuestiones técnicas que ayuden a mejorar el proceso de valoración.
Las Plataformas seguimos defendiendo es inmoral e inhumano someter la vida y el bienestar de las personas con discapacidad y dependencia a ajustes presupuestarios. Que no se trata de gastar menos, sino de gastar mejor. Después de 20 años de despilfarro y con la Generalitat Valenciana en quiebra, el gobierno valenciano sigue sin querer entender que la prioridad somos las personas. O esa es la sensación que nos transmitieron.
Respeto, Dignidad y Justicia Social. Valencia, a 12 de Noviembre de 2013.
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