MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Gobierno de Aragón deberá pagar las costas del recurso interpuesto por el padre de un chico con autismo contra el Departamento de Educación, Sanidad y Bienestar Social y Familiar del Ejecutivo de esta comunidad, por entender que se ha vulnerado el derecho a la educación del alumno.
El aludido es R.A.P., un joven con gran dependencia reconocida por la Administración (Grado III Nivel 1), por autismo con discapacidad mental severa, para el que el Instituto de Enseñanza Secundaria 'Pirámide' de la ciudad de Huesca pedía en 2011 un tratamiento psiquiátrico (con el fin de combatir su agresividad) que los padres se negaron a administrar, argumentando que estaba contraindicado para alguien con las características del joven.
Optaron así los progenitores por sacarle del centro formativo en el que llevaba cuatro años, sin problemas al parecer hasta entonces, y por solicitar "una actuación inmediata" por parte de varios departamentos del Gobierno de Aragón por "exclusión educativa y lesión de derechos fundamentales a la educación e integridad física y moral de su hijo".
Ante la ausencia de respuesta administrativa, los padres del alumno decidieron interponer el recurso que el pasado mes de octubre admitió la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que sostiene que, en efecto, se ha infringido el derecho a la educación del joven.
"Además de la exclusión educativa de R., que puede decirse ya que sí existió", la sentencia habla de que los padres del chico no recibieron tampoco "ninguna alternativa desde donde recaía la obligación de darla, desde la Administración".
"Ausencia de respuesta y prestación educativa por la Administración cuando ésta estaba obligada a darla", insiste en la misma línea la resolución, contra la que cabe recurso de casación.
Por todo esto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado el recurso interpuesto por el padre, al entender que se ha infringido su derecho a la educación, y ha condenado a la administración demandada a pagar las costas del proceso judicial, que no superarán los 1.500 euros.
"Fallamos que debemos estimar y estimamos, el recurso contenciosoadministrativo nº 58/2013, interpuesto por el Procurador D. Isaac Giménez Navarro, en nombre y representación de D. M.A.D., quien actúa en representación de su hijo D. R.A.P., declarando infringido el Derecho Fundamental a la Educación de este último, con expresa condena en costas a la Administración recurrida", afirma literalmente la resolución.
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