Diez trabajadores recorren 200 kilómetros a pie hasta Valencia para denunciar sus problemas
EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 25 NOV 2013 - 19:42 CET
La situación del sector de la discapacidad y dependencia afronta un escenario “apocalíptico”, según coinciden en denunciar varios trabajadores y familiares. Las ayudas directas a enfermos y familiares han sufrido un tijeretazo del 10%, las subvenciones de la Generalitat a los centros tardan meses y años en llegar, lo que está provocando el cierre de algunas residencias y que algunos de los profesionales sufran retrasos en los pagos de sus nóminas.
El tiempo pasa pero los problemas persisten. Según denuncia el colectivo, los impagos se repiten, el copago farmacéutico se implanta, ha habido un recorte del 47% a personas dependientes, se está aplicando una regularización de grados a la baja y existe un claro posicionamiento del Gobierno que "ningunea las personas con discapacidad", según denuncia el colectivo.
“Arrastramos los mismos problemas que hace tres años, pero la situación es mucho más grave”, aseguró Agripa Hervás, que cogió este lunes su mochila y, junto a otros diez compañeros trabajadores de los centros o familiares, iniciaron la Tercera Marcha por la Discapacidad. Partieron a las diez de la mañana desde el Ayuntamiento de Almoradí, a media mañana visitaron el centro ocupacional El Puente (Aspe) y por la tarde llegaron a Sant Vicent del Raspeig para pernoctar en el centro ocupación Maigmó.
En esta edición serán diez personas voluntarias las que recorrerán caminando unos 200 kilómetros en siete etapas diferentes hasta llegar el 1 de diciembre desde Quart de Poblet hasta la plaza de El Temple en Valencia, ante la Delegación del Gobierno, donde el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha convocado una manifestación.
Plan de pagos
En cada parada los diez excursionistas serán recibidos por familiares, amigos y personas con discapacidad que sufren cada día las consecuencias de los recortes sociales. “El escenario es apocalíptico”, aseguró Hervás, que recordó que la Generalitat Valenciana no ha asumido ninguna de las demandas que plantea el colectivo.
La principal exigencia es arrancar un plan de pagos para que las empresas sepan cuándo cobrarán y puedan planificar las contrataciones y las inversiones. “No hay ningún compromiso por parte de la Administración, solo buenas palabras”, se lamentan los promotores de esta Marcha por la Discapacidad que recalará en los próximos días en Ibi, Tibi, Alcoi, Cocentaina, Xàtiva, Silla, Quart de Poblet y Valencia.
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