Viuda y con dos hijos dependientes pasó de recibir 900 euros de ayuda a 500
LORENA ORTEGA Castellón 2 ABR 2015 - 21:20 CEST
Sabina Burguete con su hijo Álvaro en el domicilio familiar. / ÁNGEL SÁNCHEZ
Sabina Burguete, una vecina del Grao de Castellón de 43 años, recuerda muy bien cuándo comenzó a sentirse realmente asfixiada. No fue durante los largos años en los que su marido estaba siendo tratado por un cáncer, ni cuando falleció hace cuatro a consecuencia de la enfermedad. Sabina cita “el momento del ahogo” hace dos, cuando comenzó a sufrir los recortes en dependencia y los retrasos en los pagos.
Sabina es viuda y tiene dos hijos. El mayor, Álvaro, tiene 17 años y una discapacidad reconocida del 48%. Su hijo menor se llama Diego y también es dependiente. Tiene una minusvalía del 87%. El día a día es una constante cuesta arriba. “Hace cuatro años me quedé viuda, noté un cambio radical, pero ahora tengo que tirar yo sola y sin poder trabajar”, cuenta. Es diplomada en Relaciones Laborales pero tiene que dedicar todo su tiempo a sus hijos. Su historia no es la de una afectada por alguna de las últimas medidas de austeridad, sino una de tantas a quienes los continuos y progresivos recortes —no solo en dependencia— les han dejado sin respiro. En la actualidad, está en negociaciones para dar un piso al banco como dación en pago.
“Era un piso que tenía en alquiler pero hace ocho meses que no lograba alquilarlo de nuevo, así que estoy intentando que me acepten la dación en pago porque tengo que salvar mi casa”, relata. Sabina recibe 440 euros de pensión de viudedad, una ayuda de 210 euros por su hijo mayor y otra de 305 por el menor. “Nos han bajado las ayudas a la mitad”, explica. De unos 900 euros ha pasado a recibir 500.
Aun así asegura que si la Generalitat hubiera pagado al día no se vería en la tesitura de tener que deshacerse del piso. “Si hubiera pagado a tiempo, habría salido adelante, seguro, estoy convencida porque lo había hecho hasta ahora”, lamenta. Los atrasos son ahora de dos meses —llegaron a ser cuatro—. No ha cobrado febrero ni marzo.
Desde la Consejería de Bienestar Social aseguran estar al día desde diciembre de 2012, “cumpliendo rigurosamente el acuerdo alcanzado con las plataformas”. Según su explicación, las prestaciones de los cuidadores no profesionales (CNP) de personas en situación de dependencia, están cobrando “puntual y regularmente” porque se acordó entonces pagar con un mes de cadencia. Esto, sumado a que la Administración paga a mes vencido, hace que en marzo se cobre lanómina de enero. “Todos los meses cobran”, indicaron.
Carme Santamaría, de la Plataforma de la Dependencia, lo niega. “No se llegó a ningún acuerdo, se debían cuatro meses y se dijo de ponerse al día y pagar a mes vencido, es cierto que pagan todos los meses, pero con dos de retraso. Aún estamos negociando para que se pongan al día”, explica.
Pero esta ayuda no es la única preocupación de Sabina. Según relata, los recortes se plasman también en el copago farmacéutico, el impago de la beca de transporte y, además, la pérdida de la cotización como cuidadora. “Pago solo un 10% de los medicamentos por ser pensionista, pero son casi cien euros fijos al mes y para mí es mucho en mi situación”, dice. La parroquia la ha derivado a Cáritas para obtener alimentos. “Me pagan el día 25 la pensión y el 30 ya no me queda nada. ¿Cómo vamos a vivir? No puedo”, recalca.
La prestación que recibe por sus hijos es tan escasa que no puede pagarles centros especializados o tratamientos recomendados como la equinoterapia. “No lo puedo pagar, son 300 euros”. Hace poco ha recibido una buena noticia. “Me han hecho una ampliación de la hipoteca —la de su vivienda habitual— al máximo de años posible para rebajarme la cuota, pagaré 160 euros”, dice. Pero pronto le espera otra mala: su hijo mayor cumple el mes que viene 18 años y esto implica perder la prestación porque su grado de discapacidad no llega al mínimo del 65% establecido para la mayoría de edad.
“A los dependientes moderados los expulsaron del sistema con el real decreto de julio de 2012, dejaron de percibir ayudas si eran mayores de edad y con un grado menor al 65%”, recalca Carme Santamaría. En junio de este año se les vuelve a abrir la puerta. Álvaro deberá ser evaluado de nuevo. Según Santamaría, lo más seguro es que cambie de grado o de nivel de dependencia.
La representante de la Plataforma de la Dependencia habla de un complicado escenario. Según explica, hay unas 13.000 personas en la Comunidad Valenciana que no están recibiendo las ayudas que tienen aprobadas y otras 15.000 cuyos expedientes están pendientes de calificar. A ello se sumarán ahora los casi 40.000 dependientes moderados que tienen que volver a entrar en el sistema. “Teniendo en cuenta los problemas económicos y la falta de presupuesto, el panorama es complicado”, concluye.
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